En su primera semana al frente del Panal, Martín Llaryora busca impulsar una serie de reformas con el objetivo de combatir la inseguridad en Córdoba. El proyecto, que deberá ser tratado por la Legislatura, fue presentado este martes.
Según un comunicado difundido por el Gobierno provincial, las medidas apuntan a establecer lo que denominan como el “Sistema Integrado de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana”. Desde la nueva gestión definieron al mismo como un “nuevo modelo de seguridad y convivencia” bajo una perspectiva “federal”.
Los seis ejes
1. Guardias locales de prevención y convivencia: las municipalidades y comunas que adhieran a la Ley contarán con sus propias fuerzas de seguridad. Las mismas deberán “colaborar en el marco de sus funciones en la prevención del delito y las contravenciones”.
De aprobarse el proyecto sin modificaciones, estos oficiales podrán usar armas no letales. Para ello primero tendrán que ser capacitados y certificados por la Policía de Córdoba.
2. Nuevas fiscalías: impulsarán la creación de seis nuevas Fiscalías Antinarcóticos. Las mismas se ubicarán en las localidades de Villa Dolores, Carlos Paz, Bell Ville, Marcos Juárez, Cruz del Eje y la ciudad de Córdoba.
Por otro lado, el oficialismo apunta a crear 12 Fiscalías Criminales en la capital provincial y la figura de auxiliar de los servicios de seguridad.
3. Gestión privada de la seguridad: se podrá contratar a empresas privadas para la custodia de edificios o cualquier otra infraestructura pública. Los guardias de estas firmas también podrán portar dispositivos no letales y, al igual que en el primer punto, tendrán que contar con la certificación correspondiente.
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4. Plan de desarme: la ley enviada a la Legislatura establece la estimulación económica del plan de desarme. Así, el Estado pagará a quienes entreguen sus armas de manera voluntaria.
5. Narcotest: los funcionarios públicos deberán presentar un certificado negativo expedido por institución médica que acredite la realización de exámenes complementarios de presencia de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales.
La medida alcanzará a quienes desempeñen funciones por elección popular: al gobernador, vicegobernador, legisladores y tribunos, ministros, secretarios, directores y subdirectores, asesores y toda persona que ejerza funciones de jerarquía equivalente.
6. Cámaras de seguridad vinculadas con la Policía: el Ejecutivo exigirá que todas las cámaras de seguridad orientadas hacia el exterior estén articuladas con el centro de monitoreo de la Policía de la Provincia. Abarcará a aquellos dispositivos ubicados en bancos, grandes superficies comerciales, edificios públicos, estaciones de servicio, espacios públicos y otros.
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