El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, anunció este lunes la presentación de un amparo en los Tribunales Federales de Córdoba para que se discuta en el Congreso de la Nación un nuevo marco que regule las retenciones.
El reclamo se incrementó luego de que no se aprobara el presupuesto que se había presentado para este 2022. Eso generó que se extienda por otros dos años las facultades que la Ley 27.541 de “Emergencia Pública” le había otorgado al Ejecutivo nacional para fijar las retenciones por decreto, pero eso venció pasado el 31 de diciembre del 2021.
Desde la entidad sostienen que las alícuotas actuales no son legales hasta que le parlamento fije unas nuevas. “Presentamos este recurso de amparo porque las retenciones son inconstitucionales, ya que para que un tributo exista tiene que haber una ley que lo avale”, dijo Pino acompañado por su vice Marcos Pereda en la sede porteña de la gremial.
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La presentación del reclamo se realizó durante una conferencia de prensa, de la que también participaron dirigentes del interior del país, como el vicepresidente de la Sociedad Rural de Jesús María (SRJM), Eduardo Riera. Por otro lado, Pino aseguró que la presentación judicial se realizará en Córdoba, "para darle un aspecto más federal al asunto".
“Es una manera de poner en valor al federalismo, de estar donde las cosas suceden”, resaltó y luego añadió que "la Corte Suprema dispuso que todos los juzgados federales del interior tienen potestad de fallar sobre este tipo de cuestiones".
+ Integrantes de la Sociedad Rural Argentina.
El dirigente explicó que decidieron llegar a esta instancia, como parte de la agenda que se planteó en la asamblea realizada en Armstrong, luego de no haber tenido resultados concretos por parte del Ejecutivo nacional ni de los legisladores con los que se reunieron, tanto del oficialismo como de la oposición.
“Los legisladores tienen que asumir su responsabilidad y tocar este tema lo más rápido posible”, enfatizó el líder de la SRA y además, enfatizó que este amparo no significa que el Estado deba cancelar el cobro del impuesto, pero sí que se trate en el lugar donde se tiene que tratar, el Congreso.
