Tres firmas empleadoras fueron condenadas a pagar la indemnización completa correspondiente a un trabajador que hacía tareas de herrería y soldadura y que fue despedido. La Cámara Única del Trabajo de la ciudad de Villa María logró comprobar que los recibos de pago que presentaron las empresas habían sido adulterados.
Gracias al minucioso trabajo de investigación, el juez Marcelo Salomón rechazó el valor probatorio de los documentos que las firmas demandadas habían entregado como prueba. Por lo tanto, los empleadores fueron obligados a abonar la indemnización sustitutiva de preaviso, la indemnización por antigüedad y las diferencias de haberes que reclamó el operario perjudicado.
Le trucharon los papeles
Durante el juicio, las empresas demandadas presentaron supuestos recibos de pago en los que aseguraban que habían abonado la totalidad de la liquidación correspondiente e indemnizaciones por haber despedido al hombre. Dichos papeles contaban con la firma del trabajador.
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Sin embargo, la Justicia pudo determinar que dichos documentos habían sido adulterados, escritos, rayados o presentados de manera previa con contenidos distintos. Por lo tanto, intentaron estafar al operario haciéndolo firmar papeles que decían una cosa y luego hicieron pasar por comprobantes de pago de la indemnización.
“La Ley de Contrato de Trabajo establece requisitos específicos a los recibos de pago en cuanto los vincula con la totalidad de la documentación laboral, previsional y tributaria del pagador. Un empleador que presenta un recibo no podrá liberarse de las acreencias que adeuda, si no logra comprobar y contrastar su pago, sea con depósitos bancarios, asientos en los libros contables, valores a la orden u otras opciones”, explica el fallo.
Ahora, a la Justicia penal
Por la gravedad del asunto, el magistrado interviniente dispuso que se debe poner en conocimiento de la causa a la Justicia penal para determinar si lo ocurrido fue delito.
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El hecho de haber presentado documentación fraudulenta ante la Justicia y las irregularidades en las que las empresas incurrieron para intentar perjudicar al trabajador, podrían significar una condena con consecuencias penales.