El crimen de Jonatan Romo, ocurrido el 10 de julio en la comisaría de La Falda, provocó un nuevo estallido en la Policía de la Provincia de Córdoba y detonó una purga que llegó a Jefatura.
Alfonso Mosquera, ministro de Seguridad, remarcó que hubo fallas en el procedimiento de actuación para detenidos con enfermedades mentales. Sobre esto, el abogado de tres policías detenidos e imputados por homicidio agravado cuestionó los cursos de formación y reveló que la capacitación en salud mental “no está vigente”.
El defensor de los efectivos, Pedro Despouy, afirmó en Noticiero Doce que “ningún curso de perfeccionamiento es obligatorio”. Además, remarcó que el 30 de junio dejó de estar a disposición el curso sobre intervención ante situaciones de riesgo cierto e inminente en salud mental. “No lo pueden hacer”, criticó.
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Despouy también denunció la falta de control y dijo que muchos policías pagan “unos pesos” para que algún compañero o compañera rinda en su lugar, como “una gauchada”.
El abogado fue enfático respecto de la imputación a sus defendidos. Manifestó que está sorprendido por la acusación de “semejante envergadura para un hecho que no corresponde”. Insistió en que las imágenes demuestran que los policías “lejos están de haber tenido la intención de matar a la pobre víctima”.
“Estamos hablando de un hecho fortuito, de una desgracia o en el peor de los casos de un homicidio imprudente por impericia en cuanto al modo de reducir, la técnica que debieron teóricamente haber empleado”, sostuvo.
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El avance de la investigación
Seis policías, entre ellos, cinco suboficiales y un subcomisario, quedaron detenidos. Cuatro están acusados de homicidio agravado por su condición de agentes de seguridad pública y otros dos están imputados por el delito de encubrimiento agravado.
Al mismo tiempo, ordenaron el desplazamiento de tres altos jefes policiales: uno era el comisario inspector Diego Alejandro Bracamonte como titular de la Departamental Punilla Norte, quien también quedó bajo la lupa por la muerte de Cecilia Basaldúa en Capilla del Monte.
Por su parte, el abogado de la familia de la víctima informó que solicitará la destitución de la fiscal Paula Kelm de Cosquín por su mal accionar en la causa: "El Estado lo convierte en victimario porque no se encargó de hacer lo que debía".
+ VIDEO: El pedido del abogado de la familia de la víctima
