La causa se sigue dilatando en la Justicia de Córdoba. El padre de Solange Musse recibió un nuevo revés luego de la denuncia que presentó en 2020, cuando en medio de las restricciones por la pandemia le impidieron ingresar a la provincia de Córdoba para darle a su hija el último abrazo en vida.
En agosto pasado, la Fiscalía de Huinca Renancó, a cargo de Marcelo Saragusti, solicitó elevar a juicio el caso que tiene a cuatro imputados. El rechazo a ese pedido llegó ahora de parte del juez de Control de esa ciudad, Claudio Mazuqui, quien dictó la falta de mérito.
La resolución del Juzgado de Control fue apelada por el fiscal con fuertes cuestionamientos. De la misma manera respondió Carlos Nayi, el abogado querellante que representa al padre de la joven fallecida el 21 de agosto de 2020 a causa de un cáncer terminal. Estos recursos deberán ser analizados por una de las Cámaras del Crimen de Río Cuarto.
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El denunciante, Pablo Musse, le dijo a ElDoce.tv que siente "una decepción total" por las idas y vueltas en la causa. Anteriormente, las demoras obedecieron a una discusión por la competencia, para determinar si la investigación correspondía a la Justicia provincial o a la Federal. Finalmente, permaneció en los tribunales de Córdoba.
"Por parte de los jueces uno espera, como dicen ellos, el momento histórico para hacer justicia y parece que no existe. Van dos años que llevamos dando vueltas", cuestionó.
Los acusados son los médicos Eduardo Javier Andrada y Sergio José Alí, y la trabajadora social Analía Morales, quienes integraban el ex Centro de Operaciones de Emergencia (COE); el cuarto imputado es Darío Javier Mansilla, efectivo de la Policía Caminera. Los cargos van desde abuso de autoridad a incumplimiento en los deberes de funcionario público.
Fuertes cuestionamientos del fiscal
Para el fiscal Saragusti, la resolución del Juzgado de Control provoca un "daño irreparable" y formuló fuertes cuestionamientos hacia el juez.
Según consideró Saragusti, el juez "omite valorar prueba y efectúa un análisis parcial e incompleto del material probatorio, sin tener en cuenta el contexto de las restricciones en virtud de la pandemia Covid-19, efectuando además recomendaciones sobre cómo debiera este Ministerio valorar el probatorio ya incorporado".
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Por otra parte, sostuvo que el fallo "implica retrotraer el proceso y paralizar la causa". Y continuó: "En las presentes condiciones causaría una serie de perjuicios como la posibilidad de que los delitos prescriban. Prolongando la situación de los imputados sin juicio y la situación de las víctimas".
Remarcó la necesidad de dar "una respuesta por parte de la Justicia en relación a una situación que involucra a funcionarios del Estado en un contexto en el que restringieron y vulneraron derechos constitucionales".
