Dentro de ese universo de casi 23 mil personas hay de todo. Gente con escrúpulos y gente carente de ellos. Gente con vocación y un profundo sentido de la responsabilidad. Gente que ingresó a la fuerza sólo por el sueldo regular, permanente (un ingreso que, contra el lugar común que lo tilda de escaso, está lejos de ubicarse entre los salarios más bajos de nuestra devaluada economía: $142 mil fue el promedio en bruto en mayo pasado).
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Claro que también hay gente que aprovecha el poder que otorgan el uniforme y el arma para beneficiarse económicamente desarrollando actividades por fuera de la ley. Gente idónea y gente que no lo es. La Policía de Córdoba es una comunidad enorme, integrada por mucha gente, más de 13 mil hombres y 9 mil mujeres, que tienen una misión fundamental y cuyo desempeño habitualmente está en el centro del debate público.
En la última semana la Policía fue atravesada por los cuestionamientos que expuso en Telenoche el recientemente desplazado jefe de Recursos Humanos de la Fuerza. Julio Faría planteó que el numeroso plantel policial no está bien capacitado y apuntó contra supuestas falencias estructurales.
Que un funcionario policial desplazado exponga críticas es infrecuente y, por lo tanto, es lógico que el tema se instale en la discusión política. Además, la formación policial aún está en proceso de transformación: recién se dispuso extenderla a tres años en 2020 y los efectos de esta medida sólo podrán constatarse a mediano plazo.
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Ahora bien, no todas las críticas del ex alto mando policial deben ser consideradas válidas automáticamente. Por ejemplo, no suena razonable pretender que la institución deba contar con pistas de atletismo o natatorios propios para miles de hombres y mujeres diseminados en el vasto territorio cordobés.
¿O acaso se supone que los agentes de Laboulaye, Villa de Soto o Villa Dolores tienen que venir a entrenar a Córdoba capital? Sí es lógico exigir que cuenten con acceso a espacios donde realizar ciertas prácticas y que se hagan periódicamente pruebas de rendimiento. Más que un nuevo natatorio estatal, convendría reclamar que la Policía cierre acuerdos con las piletas existentes para que el personal pueda usarlas. Lo mismo vale para muchas otras cuestiones que el desplazado jefe policial señaló como falencias.
Las críticas hacia la actuación policial venían de la semana anterior, a raíz de la muerte de Jonatan Romo, detenido en la comisaría de La Falda. Fue el episodio que derivó en la detención de seis uniformados y el descabezamiento de varias autoridades policiales, incluido Faría.
Es obvio que cualquier muerte a manos de la Policía es un asunto de muchísima gravedad, que tiene que ser analizado con delicadeza. Y que los intentos de encubrimiento son un flagelo que debe ser combatido con especial atención.
Sin embargo, también conviene que prime el equilibrio a la hora de evaluar la actuación de los policías. Entre los cuatro uniformados acusados de homicidio puede que haya uno o más que no ejecutaron las maniobras que provocaron la “muerte por asfixia mecánica” a Jonatan Romo. La eventual liberación de algunos de ellos seguramente generará la protesta de quienes asumen que todo policía es siempre culpable de las peores atrocidades.
La Policía de Córdoba es un universo muy amplio. Combina el deplorable antecedente del acuartelamiento de 2013, políticas que parecen aportar poco y nada a combatir al flagelo de la inseguridad (como los controles con conos anaranjados interrumpiendo el tránsito en calles, avenidas, puentes, rutas y hasta ¡autopistas!) e indicadores razonables, que la dejan comparativamente bien posicionada.
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De hecho, la tasa de crímenes en la provincia es muy baja en relación a la región. Córdoba tiene en los últimos años menos de una cuarta parte de los homicidios que registra Santa Fe. En 2021 fueron 2,3 cada 100 mil habitantes en nuestra provincia contra 10,05 en la provincia vecina.
El primer semestre de este año, en Córdoba se registró una tasa de crímenes aún menor. Además, la tasa de muertes a manos de la Policía también es más baja en Córdoba que en las demás grandes provincias argentinas.
Todo esto tiene que ser tenido en cuenta a la hora del debate sobre el muy delicado problema de la inseguridad, un asunto que figura al tope de los temas que inquietan a la ciudadanía y que, de la mano de una economía desquiciada, en el corto plazo generará más preocupación y angustia.