Matías Aragone (44) mató a puñaladas a su esposa Andrea Carmen Aguirre (38) delante de sus dos hijas de 9 y 11 años en su casa de Salsipuedes. El femicida falleció en el Hospital Tránsito Cáceres de Allende de la ciudad de Córdoba este martes. Investigan si fue a causa del disparo que recibió de la Policía o por las heridas cortantes en su cuerpo que habrían sido autoprovocadas.
En medio de la conmoción por el femicidio, se conoció que Aragone había sido denunciado por Aguirre e imputado por el fiscal de Violencia de Género y Familiar, Pablo Camacho, por amenazas calificadas y violación de domicilio en Río Ceballos en 2019.
Aragone estuvo detenido, sin embargo recuperó la libertad. Camacho elevó la causa a juicio, pero la Cámara 7° del Crimen envió el caso a la Oficina Centralizada de Violencia Familiar y sus integrantes consideraron que no era de juzgamiento prioritario porque el hombre no tenía antecedentes.
A su vez, el equipo técnico interdisciplinario consideró que “no existía riesgo” para Andrea Carmen Aguirre. Por esta razón, el juicio no se llevó a cabo y la causa prescribió el 10 de febrero de este año.
Así lo explicó a ElDoce.tv el fiscal Pablo Camacho, que estaba a cargo de la investigación. En caso de haber sido condenado, resaltó que el delito de amenazas calificadas implica hasta tres años de prisión, mientras que violación de domicilio puede implicar hasta dos años de prisión. Por lo tanto, aún con una sentencia en su contra hubiese quedado en libertad.
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“No habiendo condenas anteriores, aún en el caso de que se hubiese hecho el juicio y condenado, la pena hubiese sido baja y de ejecución condicional por lo que habría estado en libertad igual”, remarcó el funcionario judicial.
Después del ataque en 2019, el femicida fallecido no registró otra denuncia por violencia de género. Este 25 de diciembre de 2023, la misma víctima fue asesinada.
Camacho, consultado acerca de si esto se podría haber evitado, sostuvo que el “Estado no puede controlar todo” y que las fiscalías investigan “decenas de miles” de hechos similares y “en casi la totalidad no pasa a mayores”.
“La pregunta política es qué hacemos. ¿Cambiamos las reglas para que haya un montón de gente que, según la Constitución, es técnicamente inocente? ¿Lo dejamos preso? ¿Al momento de juzgar lo absolvemos porque no hay prueba suficiente para condenar y le pagamos por ese tiempo en prisión preventiva?”, planteó el fiscal.
Y concluyó: “Las leyes son políticas públicas que se basan en estadísticas, lamentablemente. Es falible, pero es la única herramienta que tenemos para hacer políticas públicas en serio”.
