Desde hace cinco años, la cantidad de autopsias que se practican en Córdoba bajó alrededor del 30 por ciento. Esto no significa que ahora haya menos fallecimientos. Lo que ocurre es que los cuerpos de las personas que mueren donde no están presentes médicos dispuestos a firmar los certificados de defunción, dejaron ser sometidos de manera automática a este estudio.
Desde 2013, un equipo de médicos del Instituto de Medicina Forense se traslada a donde se producen estas muertes (en una casa, en la calle u otro tipo de lugares públicos) y, si no detectan indicios de violencia, realizan ahí mismo el certificado de defunción.
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Esto tiene un doble beneficio: le permite al Estado provincial ahorrar el costo de cerca de 800 autopsias judiciales por año y a los familiares, poder completar los ritos y trámites posteriores a un deceso sin tantas demoras.
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