El narcoescándalo que conmocionó a la policía cordobesa en 2013, donde altos efectivos llevaban a cabo tareas por fuera de la ley y en complicidad con narcotraficantes, que significó la remoción de toda la cúpula de seguridad, tuvo un nuevo giro a seis años del hecho que fue el germen de lo que terminó en el acuartelamiento en diciembre y los saqueos.
En mayo de 2016, el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Córdoba, condenó a tres años y ocho meses de prisión a Gustavo Rafael Sosa, ex jefe de Drogas Peligrosas, por violación de los deberes de funcionario público. Quedó en libertad por haber cumplido los dos tercios de la condena. En ese momento, fue absuelto por las acusaciones más graves de asociación ilícita y privación ilegítima de la libertad.
Este miércoles, en un fallo dividido, la Cámara Federal de Casación Penal agravó las penas contra los cinco policías involucrados en el narcoescándalo al considerar que se trató de una asociación ilícita. Con esta resolución, la Justicia da lugar a las apelaciones que fueron presentadas por los fiscales Abel Córdoba y Enrique Senestrari. Acusaciones que habían sido desestimadas durante la sentencia.
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Con este nueva sentencia, Sosa fue condenado a nueve años de prisión, recibiendo así la pena más alta. Franco Argüello -el único que había quedado preso al terminar el primer juicio- recibió ocho años, mientras que el resto de los acusados, el comisario Gustavo González fue condenado a cuatro años de cárcel, Alfredo Seine y a Fabián Peralta Dáttoli tres años y medio.
Sin embargo, los abogados de los condenados apelarán a las medidas y por el momento ninguno irá a la cárcel. Esto significará que la Corte Suprema de la Nación lo va terminar resolviendo.