Notificaciones judiciales: tras la polémica, la aclaración del Poder Judicial y el rechazo de opositores

Este martes a la noche, El Doce sacó a la luz una serie de denuncias por parte de comerciantes, que aseguraron recibir "amenazas y aprietes" de la Policía con el objetivo de que acaten las restricciones pautadas en el DNU. 

El cumplimiento de las medidas ha sido parcial en Córdoba, y efectivamente existieron notificaciones contra trabajadores. Estas órdenes legales fueron efectuadas por la fuerza de seguridad, pero primero surgieron desde la fiscalía creada en el marco de la pandemia.

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Al menos cinco comerciantes fueron notificados por la policía, se les leyó el DNU y se los advirtió de las prohibiciones y de las consecuencias legales si participaban de las manifestaciones.

La polémica creció luego de la protesta de este martes en Córdoba y, tras el revuelo, desde el Ministerio Público Fiscal divulgaron un comunicado sobre el caso, justificando el accionar de la fiscalía de Andrés Godoy.

"Desde el inicio de la Emergencia sanitaria dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional, a principios del año 2020, con adhesión de nuestra Provincia, los Fiscales de Instrucción inician actuaciones y, previa identificación de los presuntos infractores, efectúan a través de la Policía Administrativa, una intimación a los fines de hacer cesar su conducta", dice el mensaje del MPF.

En ese sentido, el Poder Judicil aclaró que "se notifican las consecuencias penales y/o administrativas que acarrea el incumplimiento. Dicha actuación es realizada dentro del marco de la normativa procesal y sustancial vigente".

Repudio generalizado

Además del malestar de los comerciantes por las notificaciones y amenazas de la Policía, algunos dirigentes de la oposición marcaron su postura y se refirieron a estas actuaciones como "muy graves".

Mario Negri, diputado nacional de la UCR, citó una filmación publicado por El Doce y expresó: "Este video es la prueba de que la Policía de Córdoba intimida con métodos autoritarios a ciudadanos en sus propias casas para impedirles que trabajen".

Por su lado, Brenda Austin, también diputada nacional por la provincia, manifestó contra el comunicado del MPF: "Persiguen a personas que quieren estudiar o trabajar ¿por qué no ponen la energía en evitar los delitos que asedian Córdoba o en la investigación del asesinato de Blas Correas?".