El Servicio Penitenciario de la provincia volvió a estar en el centro de la escena después de que en un camión proveedor de carne intentaran ingresar a la cárcel de Bouwer más de dos kilos de estupefacientes y siete celulares, entre otros elementos. El fiscal Enrique Gavier, quien investiga a varios funcionarios de este cuerpo, se refirió al nuevo delito en Arriba Córdoba.
Aclaró que este caso se encuentra en manos de la fiscalía Antinarcotráfico número tres pero que lo han puesto al tanto de los detalles por poder guardar vínculo con la causa que tiene a cargo.
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En esa línea, destacó que en el cargamento ilegal hayan sido incluídos teléfonos y contó que estos son los elementos más codiciados “por los internos que son proclives a organizar estas asociaciones ilícitas”.
Remarcó que se trata de “instrumentos necesarios” para las estafas que realizan y que dentro de los pabellones suelen pagar cerca de $1 millón por ellos. Ese número se desprende de declaraciones de testigos.
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Cabe recordar que semanas atrás Gavier ya había detallado que el grupo de exfuncionarios que él investiga cometía y consentía delitos de diversa índole y que “todo tenía un precio”. En esa línea, dijo que además de comercializar los celulares liberaban zonas para que los reclusos llevaran adelante las estafas y vendían informes de conducta falsos.
El origen del camión
Por otro lado, el fiscal precisó que ya fueron identificados tanto los dos choferes que conducían el camión como la empresa proveedora dueña del mismo. Sin embargo, no pudo dar detalles por su temprano estadio.
Por su parte, Roberto Battaglino anticipó que por estas horas las sospechas giran en torno al Frigorífico Livorno, de Río Cuarto. La firma pertenece a Alicio Dagatti, un dirigente del justicialismo que también preside el club Estudiantes de Río Cuarto.
