Suspenden al funcionario judicial que sacaba fotos por debajo de las polleras

El Tribunal Superior de Justicia resolvió suspender preventivamente al funcionario acusado de tomar imágenes por debajo de las faldas de mujeres que esperaban el colectivo en el centro de Córdoba.

Mariano Cipolla Sánchez no podrá volver a su puesto en el Juzgado en lo Penal Juvenil Nº 6 mientras dure el proceso administrativo, abierto de oficio a fines de la semana pasada. Desde que hace una semana fue demorado por la Policía a partir de la denuncia de un taxista que interpretó como sospechosos sus movimientos en la Plaza San Martín, el secretario justificó sus faltas con un certificado otorgado por un psiquiatra. 

Esa investigación está supeditada al proceso que se le sigue al funcionario en el fuero contravencional. En ese ámbito, la máxima condena que podría afrontar es la de realizar tareas comunitarias por apenas unos días.

Es que la acción de la que se lo acusa, conocida mundialmente como "upskirting", sería encuadrada según nuestra legislación como una contravención. El Código de Convivencia Ciudadana de Córdoba sanciona en su artículo 51 a quienes "...molestaren a otra persona afectando su decoro personal...". Y no existe ninguna otra figura legal más grave para castigar este tipo de prácticas.

El juicio contravencional se completaría en pocas semanas. Según fuentes ligadas a la investigación, la prueba acumulada en el celular del funcionario sería contundente.

 + MIRÁ MÁS: Narcoescándalo en Río Cuarto: removieron la cúpula policial

Una vez que concluya ese proceso, se liberaría el secreto de sumario y podría definirse la sanción administrativa. Sería la culminación del proceso que comenzó la semana pasada con la intervención de oficio del Tribunal Superior y que hoy desemboca en la suspensión preventiva.

La sanción más severa que podría caberle es el despido. En ese sentido, podría pesar que el incidente protagonizado en la plaza San Martín ocurrió al mediodía, es decir, dentro de su horario de trabajo en el fuero que atiende a los menores en conflicto con la ley penal.