Estuvo 28 días detenido, acordó con los denunciantes y recuperó la libertad. Maximiliano “El Cheto” Caliva, el cantante que se hizo famoso durante la pandemia, había quedado tras las rejas junto a su esposa y otras cinco personas, todos acusados por asociación ilícita.
La investigación contra los siete imputados se inició por presuntas estafas en la comercialización de casas prefabricadas mediante dos empresas pertenecientes a Caliva. Este miércoles la fiscal Daniela Maluf dispuso liberar a todos después de haber manifestado una voluntad conciliatoria con las víctimas.
El abogado defensor Pedro Despouy Santoro destacó en diálogo con ElDoce.tv que “fue constante la disposición de ellos en colaborar con la fiscalía, a la vez de conciliar y resolver las diferencias económicas con los denunciantes en la causa”.
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Por otra parte, recalcó que la postura adoptada por la defensa “es esencialmente conciliatoria atendiendo tanto los intereses de nuestros clientes como también el de las personas denunciantes que van en un mismo sentido de justicia restaurativa”.
La causa investiga irregularidades en las empresas del Cheto White House SRL y La Esperanza viviendas americanas SRL, ambas dedicadas a la comercialización de casas prefabricadas.
Despouy Santoro afirmó que incluso desde antes de la denuncia penal se aportaron pruebas y se puso a disposición la reparación económica, reconociendo que existía una deuda. En ese sentido el defensor negó que haya existido una asociación conformada para delinquir. “Hay ausencia de dolo defraudatorio”, subrayó.
Acuerdo con las víctimas
Caliva y compañía firmaron un convenio conciliatorio con los afectados. El abogado explicó que el acuerdo se firmó con 20 personas, de las cuales 16 habían presentado la denuncia penal.
Indicó que los montos acordados varían dependiendo de la vivienda en cuestión y el contrato que se había establecido en su momento. Estos documentos fueron aportados a la fiscalía para demostrar la voluntad de reparar el daño.
Despouy Santoro señaló que en el marco de la investigación facilitaron teléfonos celulares que no habían sido secuestrados y claves para permitir el acceso a computadoras. Después de la indagatoria solicitó la libertad para los imputados.
Ese pedido fue concedido este miércoles después de cumplir con una serie de exigencias ante la fiscalía y el juzgado de Control. Entre otras condiciones, los imputados pusieron a disposición un inmueble a modo de caución para dejar la cárcel. A Caliva y su esposa le trabaron embargo por 80 millones de pesos, mientras que para el resto de los imputados es de 40 millones de pesos.
