Un hombre que fue baleado en un operativo en el que policías mataron a su primo deberá ser indemnizado por dos efectivos de la fuerza de seguridad y por el Estado provincial.
El caso ocurrió el 25 de julio de 2024 cuando uniformados asesinaron a Fernando Güere Pellico. En el mismo hecho resultó herido Maximiliano Peralta, quien presentó una demanda civil para reclamar un resarcimiento económico, el cual fue concedido por el Juzgado en lo Civil y Comercial de 24° Nominación de Córdoba.
La resolución se dio a conocer después que haya quedado firme la condena a prisión perpetua contra el agente Lucas Gastón Chávez y al sargento Rubén Alfredo Leiva, declarados culpables por homicidio agravado en un juicio desarrollado en 2016 en la Cámara Octava del Crimen.
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Ante la demanda civil, la jueza Alejandra Sánchez Alfaro resolvió a hacer lugar al planteo y condenar a Chávez, a Leiva y al Gobierno provincial a abonar la suma de $ 10.239.805, sin descuidar los intereses que puedan haberse generado.
La magistrada consideró que Peralta, su primo fallecido y sus familiares “fueron víctimas de trato discriminatorio, agraviante o ultrajante” que configuró la violencia institucional.
A su vez señaló que la responsabilidad del Estado provincial obedece a un factor de atribución objetivo. “Quiere decir que la Provincia debe responder civilmente por los daños causados por miembros de las fuerzas de seguridad, ya sea en el cumplimiento de sus funciones, o bien, cuando el daño sea ocasionado por el arma de fuego que la institución le provee al agente”, explicó.
