El escándalo por el fentanilo contaminado sigue creciendo y ya son 106 las muertes bajo investigación. El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, lleva adelante la causa pero aún no hay detenidos, mientras surgen cada vez más datos que exponen una cadena de irregularidades. Uno de los principales apuntados es el dueño de HLB Pharma, Ariel García Furfaro.
En diálogo con Telenoche, el periodista Federico Teijeiro, quien sigue de cerca la causa, denunció que la situación se pudo haber evitado mucho antes. “Hay un sistema de coimas para mirar para otro lado y dentro de ese sistema estaba Laboratorios Ramallo (bajo dominio de HLB Pharma). Había una orden de no tocarlo. Se hicieron inspecciones donde los propios técnicos dijeron que no podía seguir funcionando y, sin embargo, la sanción fue apenas una carta de advertencia”, remarcó.
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Además, señaló que no existe certeza de que todas las ampollas contaminadas hayan sido retiradas. “No hay trazabilidad, el laboratorio no la tenía. Muchas se detectaron porque las personas que lo habían comprado dijeron ‘las tengo y las pongo a resguardo’. No tenemos la certeza absoluta de que no hayan quedado productos contaminados circulando en la actualidad”, advirtió.
Según Teijeiro, las advertencias sobre el laboratorio HLB Pharma datan de hace años. “Vienen produciendo de la misma manera desde 2018, por lo menos, cuando la ANMAT les empezó a marcar deficiencias. Lamentablemente es la crónica de una muerte anunciada porque ya se sabía. Nunca cambiaron el método de fabricación, la ANMAT nunca lo obligó, nunca pidió el cese ni la clausura”, señaló.
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El periodista agregó que las inspecciones revelaban “fallos críticos”, pero aun así se siguió produciendo. “En 2023 ya se habían retirado lotes contaminados y el método era el mismo. Es evidente que García Furfaro sabía y liberó el producto sabiendo cómo lo producía. Esto no es algo nuevo”, subrayó.
Otro de los puntos graves fue el hallazgo de ampollas supuestamente vencidas que debían haber sido destruidas. “Según Furfaro, se pagaron 500 mil pesos a una empresa para la destrucción pero falta documentación. Además, un laboratorio normal tiene entre un 4% y 8% de merma por lote; Ramallo tenía el 25%. Cada cuatro lotes que fabricaba, uno lo perdía. Era un nivel de irregularidad evidente”, explicó Teijeiro.
La investigación judicial continúa, pero el caso expone una trama de negligencias, omisiones y posibles delitos que pusieron bajo sospecha a más de un centenar de muertes.
