En medio de las auditorías que impulsa el Gobierno nacional sobre pensiones por invalidez y certificados de discapacidad tras la denuncia de las coimas, comenzó a conocerse el drama de familias que quedaron desamparadas. Una de esas historias es la de Julieta, una joven cordobesa de 22 años con epilepsia grave, que desde los tres meses sufre un deterioro progresivo que la dejó postrada.
Su mamá, Moira, denunció en Noticiero Doce que la pensión fue suspendida sin que se realizara ninguna auditoría previa. “Me han sacado la pensión y nunca me llegó un aviso, nunca nada. Directamente se la cortaron”, expresó con bronca y añadió: “Esa pensión me ayuda para gastos de ella, que consume alimentos líquidos, medicamentos, bomba de alimentos”.
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Un pedido desesperado
La mujer remarcó que el dinero es vital para poder sostener los cuidados que su hija necesita día a día. “No discriminen a los chicos, mi hija tiene 23 años pero es una niña, no puede defenderse, es como una bebé”, dijo quebrada.
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Conmovida, pidió sensibilidad a las autoridades: “Lo único que quiero es que se pongan la mano en el corazón, quiero que le devuelvan lo que le corresponde a mi hija. Julieta la va peleando”.
El caso expone el impacto que generan las revisiones sobre pensiones en personas con discapacidades severas, cuyos cuidadores reclaman respuestas urgentes para no quedar en una situación de total vulnerabilidad.
