La violencia de género volvió a mostrar su cara más cruel. En los primeros 14 días de octubre se registraron ocho femicidios en distintas provincias del país. De ese total, tres ocurrieron en Córdoba, lo que la ubica como la provincia más afectada en lo que va del mes.
La mayoría de los asesinatos fueron cometidos por parejas, exparejas o familiares, y en dos de los casos se trató de dobles femicidios: madre e hija. Uno de ellos fue el de Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio, asesinadas por Pablo Laurta el 12 de octubre en Villa Rivera Indarte.
Los casos
- Daiana Magalí Mendieta (22) – Entre Ríos: hallada sin vida el 7 de octubre dentro de un aljibe de 10 metros. Su pareja, Gustavo Brondino (55), está detenida.

- Myriam Velázquez (52) y Mariana Bustos (25) – Bahía Blanca: madre e hija aparecieron calcinadas en su casa el 8 de octubre. El primo y tío de las víctimas, Maximiliano Velázquez, fue arrestado. Se escucharon detonaciones en el barrio y lo vieron salir del domicilio en una moto.

- Solange Johnson (26) – Santa Fe: encontrada muerta con golpes en el cuerpo el 8 de octubre en la casa de su pareja, quien tenía denuncias previas.

- Mónica Viviana Salguero (62) – Villa María, Córdoba: asesinada con 34 puñaladas el 10 de octubre. Su hijo de 38 años fue imputado por homicidio doblemente agravado.

- Luna Giardina (24) y Mariel Zamudio (50) – Córdoba capital: Pablo Laurta las mató a balazos en la casa de las víctimas en Villa Rivera Indarte y escapó con su hijo de 5 años. Fue detenido en Gualeguaychú.

- Gabriela Arací Barrios (20) – Chaco: su cuerpo fue encontrado el 13 de octubre en un pozo cloacal en la localidad de Avia Terai. Su pareja, Jesús Salvatierra (33), está detenido.

Un panorama alarmante
El Observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven” informó que entre enero y septiembre de 2025 se registraron 178 femicidios y 287 intentos en el país. Esto significa que una mujer es asesinada cada 36 horas. Además, el 15% de las víctimas había denunciado previamente a su agresor y 149 niños y niñas quedaron huérfanos.
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En Córdoba, los casos recientes reflejan una grave falla en los mecanismos de protección, con antecedentes de denuncias y medidas judiciales que no evitaron los crímenes.