La Justicia santafesina dictó una condena inédita en un caso que dejó al descubierto una nueva forma de violencia digital. Un hombre de San Jerónimo Sud, un pueblo de apenas 3 mil habitantes, fue declarado culpable de crear y difundir imágenes sexuales falsas de más de 80 mujeres mediante el uso de inteligencia artificial.
El acusado, vecino de las víctimas, utilizaba una herramienta de IA para generar montajes eróticos y pornográficos en los que aparecían mujeres del pueblo. Luego, publicaba el material en un grupo de Telegram llamado “Chicas de Sanje y la Zona”, integrado exclusivamente por hombres, quienes pedían contenido de mujeres locales y recibían las imágenes fabricadas por el agresor.
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El fallo, dictado por la Fiscalía de San Lorenzo, condenó al hombre por el delito de injurias en el marco de violencia digital. La pena: una multa de $20.000 y una reparación económica total de $800.000 para las seis mujeres que impulsaron la querella.
De las más de 80 víctimas, solo 18 se animaron a denunciar, y apenas seis continuaron el proceso judicial hasta la sentencia. La resolución fue alcanzada en una audiencia de conciliación, con la asistencia de las abogadas Celina Ponti Marcuzzi y Juliana Tagliatti, del Centro de Asistencia Judicial (CAJ) del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial.
El caso provocó indignación pública por la escasa sanción impuesta, pese a la gravedad del hecho y la magnitud del daño. Durante el allanamiento al domicilio del acusado, los investigadores hallaron 48.000 imágenes almacenadas en sus dispositivos, entre ellas material pornográfico falso de mujeres adultas y menores de edad.
Un fenómeno sin ley
El caso reavivó el debate sobre los deepfakes pornográficos, un fenómeno que crece aceleradamente en el país sin un marco legal específico. Según datos de Ley Olimpia Argentina, existen más de 30.000 grupos en redes y plataformas de mensajería donde se comparten imágenes íntimas manipuladas o de explotación sexual.
Los especialistas advierten que la falta de regulación penal impide sancionar con rigor este tipo de delitos, que combinan tecnología, acoso y violencia de género.
Mientras tanto, el fallo santafesino marca un precedente judicial histórico, pero también deja al descubierto la fragilidad del sistema frente al avance de los abusos digitales en un contexto donde la tecnología va mucho más rápido que la Justicia.