Un procedimiento odontológico terminó en tragedia en el barrio porteño de Belgrano. Miguel Ángel Berlini, de 64 años, murió tras someterse a un implante dental en la Clínica Robles, que ahora se encuentra clausurada y en el centro de una investigación judicial por presunta mala praxis. Dos médicos que intervinieron en la intervención quedaron detenidos, imputados —en principio— por homicidio culposo.
Berlini había concurrido para reemplazar varias piezas dentales. Sin embargo, tras la cirugía, sus signos vitales comenzaron a caer y nunca se recuperó. Según consta en el expediente, los profesionales intentaron reanimarlo durante 40 minutos, pero murió alrededor de las 16:40. Su hermana, que había consultado durante horas por su estado, recién fue informada del fallecimiento cuando arribó la Policía.
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La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 5 ordenó un amplio operativo en la clínica. Lo que encontraron agravó aún más el caso:
- Medicamentos vencidos y mala manipulación de residuos patogénicos.
- Higiene deficiente en diferentes áreas del establecimiento.
- Personas ejerciendo funciones sin acreditar formación, entre ellas una supuesta cardióloga sin título habilitante y una enfermera sin matrícula.
- Falta de un plan de seguridad y evacuación.
- Inconsistencias en la documentación y habilitaciones.
Los peritajes preliminares confirmaron que la clínica ya había sido observada en inspecciones previas por fallas similares. Tras el operativo, solo quedó habilitada para mantener a los pocos pacientes internados, pero no puede atender ni recibir nuevos ingresos.
Cómo comenzó la investigación
El caso se inició a partir de un “patrullaje virtual”: la División Delitos contra la Salud de la Policía de la Ciudad detectó en redes sociales numerosas denuncias y quejas sobre la atención en la clínica. Esto motivó que la fiscalía ordenara un allanamiento junto con el Ministerio de Salud de la Nación y la Dirección General de Fiscalización y Control.
La Justicia secuestró la historia clínica de Berlini, las credenciales de los profesionales detenidos y dispuso que la Unidad Criminalística perite las instalaciones. Además, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para determinar con precisión la causa de la muerte.
La familia del hombre, que había abonado cerca de 5.000 dólares por el tratamiento, exige respuestas: “Miguel solo quería seguir sonriendo. Queremos saber qué pasó adentro de esa clínica y que los responsables se hagan cargo”.
La causa sigue en investigación y no se descartan nuevas imputaciones ni ampliaciones de cargos a medida que avancen los peritajes.
