Lo que empezó como un gesto de solidaridad terminó en una verdadera pesadilla para Mariela, una mujer que decidió prestarle su departamento a estrenar en el complejo Estación Buenos Aires, en Parque Patricios, a una amiga que decía estar recién separada y ser víctima de violencia de género.
El acuerdo fue de palabra: la ocupante solo debía hacerse cargo de las expensas y los servicios. Pero la historia dio un giro inesperado. Cuando Mariela quiso mudarse, su “amiga” se negó a irse y comenzó un calvario judicial que duró dos años.
Todo empezó en marzo de 2023. Mariela, con un contrato de alquiler vigente en otro lado, decidió ayudar a su compañera de trabajo y le prestó su flamante unidad del Plan Procrear. No hubo contrato, solo la intención de dar una mano a alguien en un momento difícil.
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Pero la ocupante no solo se atrincheró, sino que ensayó una defensa insólita para quedarse. Según relató el abogado Diego Martín Proetti, la mujer llegó a decir: “A mí no me hicieron ningún favor, en realidad. Es una vivienda del Estado y que, prácticamente, la están sacando gratis. Y parte la pagué yo también porque eso sale de la plata de los impuestos de todos nosotros”.
Durante el juicio, intentó convencer al Juzgado Civil N° 67 de que existía un alquiler pactado en $75.000 y que el departamento tenía problemas de humedad y cañerías rotas, a pesar de ser nuevo. Sus pruebas no convencieron: solo presentó dos comprobantes de expensas para intentar disfrazar su situación de usurpadora.
Hace unos días, la mujer logró recuperar la posesión del departamento tras el juicio de desalojo. Pero al cruzar la puerta, la imagen fue devastadora. El abogado compartió un video que se volvió viral: paredes grafiteadas con mensajes de resentimiento, vidrios estallados, artefactos faltantes y una suciedad que hace imposible habitar el lugar.
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“¿Por qué tanto odio y maldad?”, se preguntó Proetti mientras mostraba los ambientes destruidos. En los muros, la ocupante dejó frases como: “Vos que me ensuciaste en público, ahora espero que disfrutes limpiando las paredes”. En otro rincón, cuestionó la legitimidad de la adjudicación del Procrear y acusó a Mariela de haberlo conseguido por “acomodo”.
Mientras tanto, en sus redes sociales, la usurpadora subía fotos comiendo choripán en el balcón: “Anoche hubo banquete y gracias a una política pública que construyó viviendas sociales para el pueblo pudimos compartirlo con mucho amor”.
El daño no fue solo material. Durante los dos años que duró el conflicto, Mariela tuvo que pagar un alquiler externo para poder vivir, con valores que hoy rondan los $600.000 mensuales. Además, para no perder el beneficio del Plan Procrear y evitar que el consorcio le ejecutara la propiedad, debió hacerse cargo de las deudas que generaba su “amiga”.
Según el abogado, los gastos fijos mensuales —entre alquileres, cuotas de crédito y expensas de unos $250.000— sumaban cerca de $2.000.000 por mes. “No es justo. Ella actuó de buena gente y le respondieron así, con alevosía”, lamentó Proetti.
Tras el largo proceso legal, Mariela finalmente recuperó su hogar. El departamento está en plena refacción por los destrozos, pero su entorno asegura que ahora “todo está mucho más calmo”.
