El Gobierno nacional y la Justicia Federal presentaron los avances de una investigación que sacó a la luz el funcionamiento de una banda dedicada a estafas y extorsiones digitales que operaba desde cárceles bonaerenses y que tuvo como una de sus víctimas al soldado Rodrigo Andrés Gómez. El joven granadero, de 21 años, se suicidó el 16 de diciembre mientras cumplía funciones de custodia en la Quinta Presidencial de Olivos.
En un primer momento, las autoridades habían informado que el conscripto se había quitado la vida durante una guardia nocturna. Sin embargo, la investigación posterior permitió confirmar no solo esa hipótesis, sino también el trasfondo que lo empujó a esa decisión: una compleja maniobra de extorsión organizada como una verdadera “pyme del delito”, según describieron fuentes judiciales.
La trama comenzó a través de una aplicación de citas llamada Evermatch, donde los estafadores crearon un perfil falso bajo el nombre de “Julieta Ayelén Cardozo”. A partir de allí, iniciaron un diálogo destinado a generar confianza con la víctima.
El engaño escaló con la aparición de una supuesta “madre indignada” y el envío del llamado “audio del terror”, en el que acusaban al joven de haber mantenido contacto con una menor de 17 años.
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El siguiente paso fue aún más intimidante: un llamado telefónico de una persona que se hacía pasar por policía de la Ciudad de Buenos Aires. Para darle verosimilitud a la amenaza, la banda usurpó la identidad real de un efectivo, Matías Nahuel Conti, quien nada tuvo que ver con el caso. El falso agente le aseguró a Gómez que existía una causa judicial en su contra y que debía pagar dinero para evitar consecuencias legales.
Las exigencias económicas se concretaban mediante transferencias bancarias a cuentas a nombre de mujeres vinculadas a la organización. Luego, el dinero era fragmentado y redistribuido para dificultar su rastreo. Lejos de detenerse, las amenazas continuaban y las sumas reclamadas aumentaban, generando un círculo de presión constante sobre las víctimas.
Las alarmas se encendieron definitivamente a partir de la carta que dejó Rodrigo Gómez antes de morir, documento clave para reconstruir lo ocurrido. En el texto, el soldado expresó su angustia por las supuestas causas legales, las deudas acumuladas y el sentimiento de decepción y soledad.
“Solo parece ser estafa porque piden plata y más plata”, escribió, dejando en evidencia que había comenzado a sospechar del engaño. “Quien diría que entrar a una app de citas me traería muchos problemas. A partir de esa app estoy con problemas legales y muchas deudas”, indicó en otro fragmento.
La investigación derivó en una serie de allanamientos y operativos que culminaron con la detención de al menos siete personas, tanto en viviendas como en establecimientos penitenciarios de la provincia de Buenos Aires.
El caso expuso con crudeza el alcance de este tipo de delitos digitales y el impacto devastador que pueden tener en las víctimas, incluso en contextos tan sensibles como el de un soldado en funciones dentro de la Quinta Presidencial.
