La investigación por amenazas de ataques en escuelas de Córdoba no se detiene y ya supera los 100 hechos en distintos puntos de la provincia. En ese contexto, la Justicia imputó a ocho adolescentes por este tipo de conductas que generan alarma en la comunidad educativa.
Según explicó el abogado penalista José D’Antona en Telenoche, estas situaciones encuadran en una figura penal concreta. “Lo que la Justicia ha dispuesto es una acusación de amenazas calificadas que se agravan por el anonimato”, detalló.
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En cuanto a las consecuencias, advirtió que no se trata de hechos menores. “De 1 a 3 años de prisión eso establece el Código Penal para cualquiera”, señaló sobre la pena que podrían afrontar los menores punibles.
El especialista también puso el foco en quienes replican estos mensajes en redes sociales o grupos. “Si su reproducción es en orden a incitar, promover o incentivar a que otros hagan estas mismas cuestiones, claramente va a tener una responsabilidad penal como instigador, coautor, partícipe o hasta autor también”, explicó.
A su vez, aclaró que la Justicia puede avanzar con medidas concretas incluso cuando hay menores involucrados. “Con una orden que tenga todas las formalidades que el código de procedimiento exige es suficiente para que puedan allanar a un mayor o a un menor”, indicó tras los allanamientos de los últimos días.
Mientras tanto, las investigaciones continúan en distintas localidades, incluyendo Córdoba capital, La Falda, Cosquín, Capilla del Monte, Cruz del Eje y Jesús María.
Trabajo dentro de las escuelas
En paralelo a la investigación judicial, desde las instituciones educativas refuerzan el abordaje preventivo para evitar situaciones de riesgo. José Falco, exvicedirector del Ipem 338 Salvador Mazza, explicó que la clave está en el trabajo sostenido y articulado.
“Se tiene que hacer un trabajo en red que sea intensivo y profundo, la escuela tiene que ser muy fuerte, muy potente porque sino la realidad te supera”, sostuvo en diálogo con Telenoche.
En esa línea, detalló que el seguimiento es permanente y abarca todos los espacios: “Se trabaja con las familias, con los mensajes, con los escritos que hay en los baños, con los papeles en los cestos, en el comedor, en los recreos”.
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Además, remarcó la importancia de detectar señales tempranas. “En los primeros cursos se trabaja individualmente con cada alumno, se les consulta si han consumido sustancias, si saben manejar armas, cuáles son las aplicaciones que usan. Ahora no se puede minimizar nada”, afirmó.
Por último, advirtió que el fenómeno atraviesa a toda la sociedad. “Atraviesa a todos los niveles sociales y económicos, pero las situaciones más graves se están produciendo en niveles medios altos”, concluyó
