Las protestas violentas parecen la regla en Bolivia, no la excepción. Las postales de rutas bloqueadas con rocas, las imágenes de mineros con sus cascos arrojando cartuchos de dinamita, los agresivos Ponchos Rojos chocando contra los policías y millares de campesinos ingresando a La Paz y otras ciudades del Altiplano se han repetido desde hace décadas.
Se vieron durante los cuatro años de presidencia del padre del mandataria actual, Jaime Paz Zamora, entre 1989 y 1993.También durante la presidencia de Hugo Banzer y el año que, tras su muerte, ocupó la jefatura de Estado su vice, Jorge Quiroga. Lograron expulsar del poder a Gonzalo Sánchez de Losada y también a Carlos Mesa, quien había tomado su reemplazo.
El mismísimo Evo Morales no pudo concluir su último mandato porque lo obligó a renunciar una gigantesca protesta a la que luego calificó de golpe de Estado. Sin embargo, avaló las protestas que reclamaban la renuncia del gobierno del MAS que encabezó Luis Arce, quién había sido el ministro clave de sus anteriores gobiernos pero en la presidencia se negó a tenerlo como poder detrás del trono.
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Que la agitación social en las calles lo hiciera renunciar a él constituía golpe de Estado, pero no las que hicieron caer a anteriores presidentes como Carlos Mesa, ni las que, después, exigieron la renuncia de Luis Arce, aunque también hubiera llegado a la presidencia ganando en las urnas.
Repitiendo ese doble rasero, Evo Morales legitima las masivas protestas que están paralizando a la capital de Bolivia para destituir al presidente Rodrigo Paz. Más aún: desde su guarida en el Chapare alienta a los campesinos de esas tierras a marchar sobre La Paz para tumbar al gobierno que fue elegido en las urnas y asumió hace sólo siete meses y con el 55 por ciento de los votos.
Rodrigo Paz no está mostrando talento para liderar y sus medidas de austeridad han agravado la carestía de los alimentos y ha provocado una fuerte escacez de combustibles. Es más lo que duda que lo que decide, y eso impone a su gobierno una marcha en cámara lenta. Pero nada de eso legitima protestas que pretendan derrocarlo.
Exigir su renuncia, como lo hacen las columnas campesinas que llegan a La Paz desde el Chapare, confirman que la parte de la protesta que reclama el cese de los procesos judiciales contra Evo Morales, imputado de trata y violación de una menor de edad, constituyen un movimiento de carácter golpista.
El ex presidente actuó de manera golpista contra Luis Arce y lo hace ahora con Rodrigo Paz y contra la Justicia en Bolivia, de la cual permanece prófugo y negándose a sentarse en el banquillo de los acusados por trata y abuso sexual de una menor.
El presidente colombiano debería actuar con mayor responsabilidad frente al complejo escenario de Bolivia. Haber calificado la situación como una “insurrección popular” implica legitimar a quienes procuran que la actual convulsión social provoque la caída del presidente, o sea una injerencia inaceptable de Gustavo Petro en los asuntos internos de otro país.
Seguramente por razones ideológicas, aunque también puede haber otras razones de naturaleza muy oscura, el presidente de Colombia está avalando una movilización violenta y golpista que tiene como objetivo patear el tablero constitucional para generar el caos que permita a Evo Morales evitar el juicio que podría llevarlo a prisión por delitos sexuales aberrantes.
Lo que debiera percibir Gustavo Petro es que, hasta ahora, los choques entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad sólo han dejado heridos entre los policías. El largo periodo de Evo Morales en el poder tuvo casi doscientos muertos en los tramos de fuerte agitación social. En cambio Rodrigo Paz, aunque cometiendo errores, hasta aquí ha intentado que su gobierno sea moderado y ha demostrado contención a la hora de ordenar acciones policiales.
