Es un juicio histórico el que ha comenzado en Brasil. No porque el acusado sea un ex presidente. Desde Collor de Mello en adelante, son varios los que se han sentado en el banquillo de los acusados. Es histórico porque la acusación contra Jair Bolsonaro es nada menos que por intento de golpe de Estado. Y es muy posible que ese ex presidente sea condenado.
La razón es que el acto golpista por el que se lo acusa ocurrió ante la mira estupefacta de todo Brasil y del mundo que siguió los acontecimientos de aquel 8 de enero del 2023, cuando las turbas bolsonaristas asaltaron en Brasilia la Plaza de los Tres Poderes, reclamando a viva voz a los militares que den un golpe de Estado contra el recién asumido Lula da Silva.
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El líder ultraderechista estaba en Estados Unidos y sostiene que nada tuvo que ver con aquella invasión vandálica. Pero como siendo presidente muchas veces reclamó públicamente al Ejército que diera un golpe de Estado contra el Congreso, la mayoría de los brasileños que no son fanáticos del capitán retirado no tienen razones para dudar que atrás de la multitud golpista estaba Bolsonaro.
Aunque los jueces supremos que lo juzgan no tienen en cuenta sus pronunciamientos presidenciales para cerrar el Congreso, sino un cúmulo de presuntas pruebas y testimonios que verifican la existencia de un plan golpista guiado por Bolsonaro, que incluía asesinar al presidente Lula, al vicepresidente Geraldo Alkmin y al juez miembro del Tribunal Superior de Justicia, Alexadre de Moraes.
No hay dudas de que ese juez supremo le bajará el pulgar al ex presidente a la hora de dictar el veredicto. No sólo porque él estaba en la mira de los golpistas y por las pruebas y testimonios que tiene en sus manos, sino por la inaceptable y negligente injerencia de Donald Trump.
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El jefe de la Casa Blanca aplicó un arancelamiento paralizante a las exportaciones brasileñas, mientras exigía la anulación del juicio y la inmediata libertad del ex presidente. Y a esa embestida violatoria de leyes internacionales y de la soberanía de un Estado de Derecho, le agregó otra acción torpemente obtusa: sancionó al juez supremo De Moraes por juzgar a Bolsonaro.
Si el ex presidente juzgado y también sus hijos mostraran algún atisbo de inteligencia, habrían pedido a Trump que no ejecute esas maniobras tan obviamente cuestionables, porque sólo podrían tener un efecto contrario al esperado.
Si Alexandre de Moraes, sus colegas en la corte suprema y también el gobierno de Lula ya estaban convencidos de la culpabilidad del acusado, con las impresentables presiones de Trump sobre el gobierno y la cúpula del Poder Judicial no pueden sino haber reafirmado la convicción de que Bolsonaro debe ser declarado culpable y encarcelado. Si así no lo hicieran, para la mayoría de los brasileños y para las democracias del mundo habrán cedido como pusilánimes cobardes ante el apriete norteamericano.
