Nicolás Maduro encabezó una dictadura facinerosa y criminal. Los cientos de muertos por las represiones a las protestas, los secuestros, la industrialización de la tortura en centros de detención como el Helicoide y en prisiones militares como Ramo Verde, así como sus vínculos con mafias de distinto tipo, incluido el narcotráfico son fáciles de probar. Lo difícil es que pueda ser creíble el juicio que se les sigue en Estados Unidos al ex dictador venezolano y a su esposa Cilia Flores.
No está acusado por los crímenes que cometió el aparato de represión chavista bajo sus órdenes, sino por delitos de narcotráfico y narcoterrorismo. En ambos casos, la acusación debería abarcar también a otras figuras del régimen que, como Diosdado Cabello, así como el ahora ex ministro de Defensa Vladimir Padrino López y el ex fiscal general Tarek William Saab.
Otra de las acusaciones por la que se lo juzga en un tribunal de Nueva York es “tenencia ilegal de armas de guerra”. Hasta suena raro que se acuse de eso a un dictador de otro país. Y se supone que en ese tema se le aplican las leyes venezolanas, que son estrictamente restrictivas en materia de acceso a las armas por parte de la población civil, porque las leyes norteamericanas son muy permisivas al respecto, a pesar de que cada vez que se produce una masacre en un lugar público estallan debates sobre la cuestión.
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Está claro que haber encabezado un régimen criminal y corrupto certifica la criminalidad y la corrupción de Maduro. Pero que eso sea evidente no significa que un juicio en su contra llevado a cabo en otro país bajo acusaciones de narcotráfico, narcoterrorismo y posesión de armas de guerra pueda llegar a ser un juicio creíble.
Es posible considerar evidente que, si la dictadura que encabezó tenía vínculos con bandas narcotraficantes y narcoterroristas, él es culpable de esos delitos. Aún así, puede ser difícil probarlo en juicio.
También era evidente que Al Capone era el jefe de la mafia de Chicago, producida en destilerías y distribuía durante la Ley Seca, así como también de que ordenó crímenes como la Masacre de San Valentín, pero las pruebas que se necesitan para que lo evidente se sustente en evidencias no llegaron nunca a manos de los fiscales y si terminó preso en Alcatraz fue por una deuda impositiva que sí se pudo probar.
En el caso del ex dictador panameño Manuel Antonio Noriega, capturado con la invasión norteamericana al país del istmo y juzgado y condenado en Estados Unidos, a las pruebas las aportó la CIA, agencias para la cual el general centroamericano había trabajado. Pero la credibilidad de un juicio a Maduro bajo el gobierno de Donald Trump, el presidente bajo cuya responsabilidad se ejecutó la espectacular operación que lo secuestró en Caracas y lo llevó a Estados Unidos, no podría tener credibilidad ni en los delitos más evidentes.

La CIA, además de la DEA, también aportó pruebas contundentes sobre los vínculos con el narcotráfico que mantuvo Juan Orlando Hernández siendo presidente de Honduras, el país que lo extraditó a Estados Unidos donde fue juzgado y condenado a cuarenta años de prisión. Pero poco después, Trump lo indultó acusando a la administración Biden, sin prueba alguna, de haber manipulado el juicio contra Hernández porque es un líder conservador.
Está a la vista que lo indultó no por la razón que dio sin nada que la sustente, sino porque de ese modo mejoraba las chances electorales de Tito Asfura, el correligionario y amigo personal de Hernández en el partido de la derecha hondureña.
Después de eso ¿cómo hacer creíble un juicio contra un narco latinoamericano que fue ilegalmente capturado en su país y llevado por la fuerza a Estados Unidos?
La forma misma de la captura imposibilita que un juez pueda declararlo inocente porque, si así lo hiciera ¿qué haría Trump? ¿Lo devolvería a Venezuela, reponiéndolo al frente de la dictadura que siguió imperando sobre los venezolanos pero ahora bajo el mando del jefe de la Casa Blanca?
Nicolás Maduro no podría probar que nada tuvo que ver con la criminal represión que masacró, torturó, secuestró y enriqueció mediante la corrupción a la nomenclatura chavista. Tampoco podría probarlo ninguno de la runfla que encabezó, entre quienes están Delcy Rodríguez y su hermano, las nuevas cabezas que eligió Trump para la misma dictadura. Por eso, entre otras cosas, un juicio en contra Maduro por cargos de narcotráfico y narcoterrorismo, llevado a cabo en los Estados Unidos y bajo el gobierno de Donald Trump, difícilmente pueda resultar creíble. Y lo que daña no es la credibilidad del impresentable ex dictador venezolano, sino de las instituciones norteamericanas.



