A la Argentina no le cambia demasiado el nuevo arancelamiento a 60 países que acaba de imponer Donald Trump. Pero más allá del caso argentino, país para el que los aranceles de acceso al mercado norteamericano se mantienen en el diez por ciento, la cuestión es lo que significa esta nueva embestida arancelaria por parte del gobierno de Estados Unidos.
En esta ocasión, el argumento de la Casa Blanca es que los aranceles son para luchar contra la importación de productos elaborados mediante trabajos forzados.
Por cierto, tener productos competitivos en mercados internacionales por producirse con mano de obra barata debido al trabajo forzado o la explotación infantil, no sólo implica competencia desleal sino también una forma de complicidad deleznable con esas variantes modernas de la esclavitud.
Pero en este caso, resulta evidente que mediante los aranceles a los países que compran productos elaborados por trabajo forzado, la intención de Trump no es luchar contra la explotación laboral y contra el trabajo infantil, sino hacer una gambeta a la decisión que la Corte Suprema de Estados Unidos aprobada en febrero por seis votos contra tres, anulando los aranceles a escala global con que el gobierno conservador levantó un muro proteccionista para fortalecer a las empresas norteamericanas.
+ MIRÁ MÁS: Daniel Ortega hizo explícita su dictadura en Nicaragua
Lo que hizo la Corte Suprema fue voltear el muro arancelario que había levantado Trump para proteger la producción dentro del territorio norteamericano, y lo que acaba de hacer Trump con el argumento del trabajo forzado es gambetear la decisión de la máxima instancia judicial, para reconstruir su esquema proteccionista.
Trump disfrazó con otro ropaje la misma política que representa la columna vertebral de su economía y su relación con el mundo, dado que también usaba los aranceles como premio (reduciéndolos) y como castigo (aumentándolo) para alinear tras su liderazgo a los demás países.
Estados Unidos tiene normas internas severas para combatir el trabajo forzado. Sin embargo, paradójicamente, es uno de los pocos países que no ratificó el Convenio sobre Trabajos Forzados de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1930.
A eso se suma que, sólo acompañado por Israel y Argentina, Estados votó contra la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre Trata Transatlántica de Esclavos, que había sido mocionada por Ghana.
Por eso resulta claro que el castigo a los países que importen productos elaborados mediante trabajo forzado es un disfraz conveniente para volver a la carga con la política que le había derribado la Corte Suprema de Justicia norteamericana.
Trump intenta levantar nuevamente el muro arancelario que seis jueces supremos le habían tumbado.
