Se agrava la crisis política en Ecuador

El artículo 148 de la Constitución ecuatoriana es un arma que puede utilizarse con sentido de justicia y responsabilidad institucional, pero también para librar batallas y encontrar escapatorias a situaciones acuciantes.

El presidente estaba en una encrucijada. Si activó ese artículo de la constitución del 2008, al que comúnmente llaman “muerte cruzada” porque implica el “suicidio” de un mandato presidencial pero poniendo fin al mandado de una legislatura, no fue porque exista una “grave crisis política y conmoción interna”, como señala el artículo 148, sino porque en la mañana de este miércoles le quedó claro que, ésta vez, los legisladores que responden a Rafael Correa superarían holgadamente los 92 votos a favor que necesitan para destituir al presidente en el juicio político iniciado contra Guillermo Lasso.

En su discurso ante la Asamblea Nacional en la primera jornada del juicio político, el mandatario conservador había dejado abierta la posibilidad de aplicar la “muerte cruzada”.

Hubo un párrafo de ese discurso que dejó planteada esa posibilidad: “Yo los acuso de haber abandonado su rol de legisladores….Yo los acuso porque jamás a lo largo de este juicio intentaron acercarse a la verdad sino meramente al poder. Yo los acuso de intentar destruir la credibilidad no de esta presidencia, sino de la democracia misma y de distorsionar el verdadero sentido de lo político”.

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Bien pudo haber lanzado estas palabras Dilma Rousseff contra los diputados que le aplicaron el impeachment que la sacó del Palacio del Planalto. Pero las dijo Guillermo Lasso, al ejercer su defensa.

Con ese párrafo de su intervención, Lasso dejaba claro su disposición a “morir matando”, en términos político-institucionales.

Ese mecanismo constitucional permite a un presidente disolver la asamblea legislativa si considera que actúa de mala fe para bloquear su labor gubernamental. Pero disolviendo el poder legislativo, el presidente sólo logra estirar seis meses más su mandato, porque en ese plazo deben realizarse nuevas elecciones generales. Por eso, aplicar la muerte cruzada equivale también a un suicidio político.

Al disolver la Asamblea Nacional, Lasso se resignó a no llegar hasta el final de su mandato presidencial, en el 2025.

El presidente tomó esta decisión sólo cuando tuvo certeza de que su opción era abandonar la presidencia este sábado, cuando los votos de Asamblea Nacional iban a decretar su destitución, o cesar en sus funciones dentro de seis meses, cuando se concreten las elecciones generales anticipadas que establece el artículo 148.

La oposición encabezada por el frente que lidera, desde su refugio en Bélgica, el ex presidente Rafael Correa, acusó de peculado (malversación de fondos públicos) al actual jefe de Estado, por haber revalidado el contrato entre Flota Petrolera Ecuatoriana y la empresa Amazonas Tanker Pool, lo que el oficialismo refuta diciendo que ese contrato fue firmado por el gobierno anterior, que encabezó Lenin Moreno, y la Contraloría recomendó extender su vigencia.

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En un país donde la grieta política es tan profunda y enfrenta con tanto encono al correísmo, cuyo líder, el ex presidente Correa, ha sido condenado por corrupción, con la centroderecha que hoy gobierna con Guillermo Lasso en el Palacio Carondelet, resulta muy difícil establecer si existían razones reales para destituir al mandatario o si la acusación elevada a juicio político no era más que una patraña para sacarlo del poder a como sea.

Lo que está claro es que si la oposición alcanzaba o superaba los 92 votos necesarios para destituir un mandatario, este fin de semana o a más tardar la semana próxima, acabaría la presidencia de Guillermo Lasso.

El año pasado, en medio de las protestas indígenas, Lasso enfrentó un juicio político pero se mantuvo en el cargo porque la oposición logró sólo 80 votos.

Si el juicio político continuaba su curso y acababa en la destitución de lasso, hubiera asumido la presidencia el actual vicepresidente, Alfredo Borrero, para completar el mandato que expira en el 2025.

La otra posibilidad era la aplicación del recurso constitucional que permite a un presidente disolver la Aasamblea Nacional adelantando las elecciones generales. El párrafo del discurso con que Lasso se defendió el martes de la acusación que le hicieron los legisladores que le impusieron el juicio político, dejó abierta la posibilidad de aplicar la llamada “muerte cruzada”. Pero Lasso aún tenía expectativa de dividir los votos opositores con una amenaza cuyo fin era que muchos legisladores desistieran de destituirlo para poder completar sus mandatos legislativos.

Haciendo cálculos tras largas negociaciones, Lasso llegó a la conclusión de que el correismo lograría destituirlo. Por eso decidió morir matando.

De todos modos, el presidente sabe que aplicando muerte cruzada lo único que gana es prolongar su presidencia por seis meses, pero desprovista totalmente de poder, marchando hacia un proceso electoral en el que el correísmo probablemente consiga lo que no logró en la elección anterior: colocar en la presidencia a un miembro del frente izquierdista Unión por la Esperanza que, a diferencia de Lenin Moreno, se mantenga leal a Rafael Correa.