Marcos Juárez fue una de las primeras ciudades del interior cordobés en dictar su Carta Orgánica, una especie de Constitución que pueden tener las localidades de más de 10 mil habitantes. Allá por 1998, los convencionales marcojuarenses se ocuparon en establecer que las elecciones municipales se realizasen lo más separadas posibles de los comicios nacionales y provinciales.
El motivo era evitar la contaminación en la decisión de elegir un intendente de tendencias o liderazgos fuera de esa ciudad. Pero más allá de eso, los ciudadanos la tienen mucho más clara que los dirigentes y en cada jurisdicción votan por los cargos que están en juego.
Para decirlo en términos más sencillos aún, el resultado del domingo en Marcos Juárez sólo nos va decir quiénes serán las próximas autoridades municipales. Ni espaldarazo nacional para Juntos por el Cambio, por aquello de que en esa ciudad debutó electoralmente en 2014 esa coalición cuando se llamaba Cambiemos; ni respaldo provincial a Hacemos por Córdoba, por más involucramiento que hayan tenido el gobernador Juan Schiaretti y los referentes del peronismo cordobés.
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En el cierre, Schiaretti le bajó los decibeles a la posible proyección provincial o nacional de esos resultados. Sea cual fuese el resultado, con qué grado de seriedad podrían tanto en Hacemos por Córdoba como en Juntos por el Cambio (que jugó con las figuras provinciales y el porteño Horacio Rodríguez Larreta) tratar de sacar conclusiones y extrapolar lectura de unos 17, 18 mil votos que se depositarán el domingo en las urnas del sudeste cordobés.
Pese a ello, hubo, hay y habrá esfuerzo por extrapolar esos resultados. Y de que la mirada vaya hacia la ruta 9 casi llegando al límite con Santa Fe.
Por Tribunales
Mientras, el Gobierno de Córdoba enfrenta dos casos muy complejos y delicados en Tribunales, que impacta en dos servicios clave como la salud y la seguridad. Se cierra una semana intensa en las causas por el asesinato de Valentino Blas Correas y por las aún indeterminadas horrosas muertes de bebés en el Neonatal. Ambos causas interpelan al poder.
El expediente de las muertes de bebés en el Neonatal sigue sumando misterios. Por un lado, se debilita la hipótesis que alentaron las autoridades provinciales de una solitaria enfermera asesina. En su momento, se dijo que sólo faltaba determinar cuáles habían sido las razones que la llevaron a cometer semejante atrocidad. Ahora, se reconoce que hay sólo indicios sobre su supuesta responsabilidad.
Es más, la declaración ante el fiscal Raúl Garzón, Brenda Agüero volvió a ubicar el comienzo de los hechos sospechosos en septiembre de 2021 a diferencia del discurso oficial que reconocía como el primer caso en marzo de 2022.
Las nuevas autoridades sanitarias decidieron dar gestos de que se terminaba el ocultamiento total e informaron el miércoles a la noche sobre la aparición de un feto en una cámara séptica del hospital. Nada tendría que ver el hecho con la investigación principal pero sorprende que ocurran esas cosas en una de las instituciones que deberían ser de las más auditadas y controladas desde que estalló el escándalo en agosto.
Tampoco el Gobierno informó sobre la imputación por abuso sexual de quien fuera director del COE, Juan Ledesma, pese a que el trámite judicial fue hace un mes. Los escándalos en Salud se multiplican.
El otro caso judicial que pone en jaque al poder es el juicio a Valentino Blas Correas. La presentación de los fiscales Marcelo Hidalgo y Fernando López Villagra fue contundente respecto a “atrocidades que se vienen cometiendo” en el seno de la Policía de Córdoba, donde actuar al margen de la ley aparece como una práctica arraigada.
Por ahora, el Gobierno provincial sigue el juicio en silencio. Siempre tratando que mirada se pose en cualquier otro lugar.