Son horas dramáticas e inciertas en Córdoba. Las escenas del fuego expandidas por buena parte de la geografía provincial son tan trágicas como metafóricas de lo que se vive en otros ámbitos.
El colapso ambiental viene a sumarse a la muy complicada situación sanitaria, con un creciente número de casos y fallecidos con Covid, y a la más que inquietante crisis económica, donde todos los indicadores comienzan a mostrar a Córdoba con cifras más comprometidas que otros lugares.
Eso genera una serie de tensiones, algunas que van quedando expuestas, otras que se van gestando y las siempre ocultas disputas intestinas hacia el seno del poder.
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En ese contexto, parecen inscribirse los ruidos internos que se vienen dando en varias áreas de la administración de Juan Schiaretti, en especial en Salud.
Allí hay fuertes cruces de intereses, que no son necesariamente sanitarios.
El jueves, en Arriba Córdoba, el titular del COE, Juan Ledesma, negó que tenga pensado dejar su cargo.
Lo hizo después de una semana de versiones sobre un posible alejamiento.
Pero no sólo que Ledesma no se va sino que el Centro de Operaciones de Emergencias llegó para quedarse, incluso para después de la pandemia.
En el decreto de creación, del 24 de marzo pasado, el Centro estaba destinado a “la planificación, organización, dirección, coordinación, y control de todas las acciones referidas a los eventos adversos relacionados con la pandemia Covid 19”.
Pero la idea de las autoridades del COE es que el organismo se mantenga en el sistema sanitario y tienen algunas señales políticas de que eso ocurrirá.
Es sabido que este COE de octubre no es aquel COE de marzo. En aquellos primeros días de aislamiento, la palabra del Centro de Operaciones era tan sagrada e imperativa como un mandato divino. Hoy ya son recomendaciones y sugerencias.
Pasaron cosas en el medio. El desgaste social, las secuelas de un aislamiento prolongado, el impacto económico y emocional, entre otras múltiples causas fueron dándoles contextos diferentes a la palabra oficial. Pero, sin duda, el caso Solange fue la bisagra. Se cometieron allí todos los errores que se podían cometer.
También hubo un desgaste político, en especial porque los responsables de un Centro de Operaciones pasaron a tener más poder que un intendente elegido por el voto popular.
En esas tensiones políticas, hay que resaltar que uno de los grandes cuestionamientos hacia el COE y Ledesma llega desde la gestión que encabeza Martín Llaryora.
El intendente capitalino tuvo un fuerte roce con el médico en las primeras semanas de la cuarentena y la relación no se recompuso nunca.
Pero Schiaretti se aferra a su vieja costumbre de no cambiar funcionarios y ya lleva varias tormentas con el mismo equipo.
A Ledesma lo eligió él y ahí lo mantendrá.
Caja negra
Pero hay otros ruidos en Salud más allá del COE.
En estos días, hubo cruces tanto en el Ejecutivo como en la Legislatura dentro del peronismo por el manejo de esa área a cargo de Diego Cardozo.
Siempre como telón de fondo de lo sanitario corre lo económico.
Y hay que recordar que el presupuesto de Salud se viene incrementando.
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Otro frente abierto en ese ámbito es la cuestión judicial. La gran estafa de la llamada “mafia de los medicamentos”, con perjuicios que superarían los 800 millones de pesos al Apross, es difícil que se haya concretado sin la complicidad de altas jerarquías de la obra social estatal.
Hasta acá la causa no tiene imputados en el Apross pero sí operadores políticos ligados al PJ.
Ya van varias las causas en esa obra social que encuentran un coto en la investigación de las responsabilidades.
Y parece evidente que existe en el manejo de esos recursos un fenomenal financiamiento ilegal de la política.
Una caja negra y oscura, muy alejada de las cuestiones sanitarias.
