“Llamamos al teléfono del COE Río Cuarto y nos mandaron una ambulancia con el ‘médico’ Martín y dos enfermeros”. Yasmin González es contundente y desbarata toda la argumentación oficial respecto a que el falso médico era simplemente un voluntario sin relación con la estructura sanitaria provincial.
El papá de Yasmin, Daniel González, estuvo a un tris de sufrir consecuencias funestas por el accionar del médico falso. Ambos contaron en Telenoche cómo Ignacio Martín no cayó por casualidad, azar o la recomendación de un conocido.
Fue el Comando de Operaciones de Emergencias (COE) el que le envió a ese médico.
O sea, esa instancia sanitaria, que parecía estar sobre los gobiernos y las instituciones y debía ser reverenciada en nombre de la ciencia, ponía en riesgo extremo la salud y la integridad de la población.
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Hay varias formas de ver este grave caso y, entre ellas, dos caminos se bifurcan: analizar sólo la conducta de un joven fabulador desequilibrado o determinar las responsabilidades de por qué tal persona llegó a hacer lo que hizo.
El Gobierno provincial prefiere la primera opción y sus funcionarios y legisladores han sido claros de que quieren ir únicamente por esa senda. La complaciente Justicia provincial se encamina a seguirlos.
Pero hay otras voces que quieren mirar un poco más allá. Que no quieren detenerse sólo en el embaucador y su conducta individual sino en todo el andamiaje que le permitió hacer lo que hacía.
Y para eso, hay que repasar la historia, de casi un año, de nuestro famoso COE.
El silencio no es salud
Allá por marzo de 2020 surgió en el Ministerio de Salud de la Provincia para la “planificación, organización, dirección, coordinación, y control de todas las acciones referidas a los eventos adversos relacionados con a la pandemia Covid-19”.
Su palabra comenzó a ser sagrada. No se podía discutir ni apelar. Sus decisiones estaban por encima de lo que pudieran plantear las autoridades elegidas por el voto popular.
Eran tiempos en que el COE estaba tan por encima de todo que sus directivos se imponían por sobre intendentes.
Fue comentada la tensa discusión en el Pizzurno entre Juan Ledesma, titular del COE, y el intendente de Córdoba, Martín Llaryora, en la cual el jefe municipal se retiró ofuscado, no si antes apuntarle a Ledesma y espetarle: “No te olvides que soy el intendente de esta ciudad”.
Había colegas periodistas que planteaban que no debía escucharse otra voz que la del COE, que debía silenciarse en el nombre de la ciencia cualquier otra opinión y que sólo había que repetir esas letanías sagradas.
La repitieron que hasta les asignaron atributos heróicos a los responsables del COE. Tanto silencio pidieron en nombre de la ciencia que ahora cuando la negación de la ciencia está al frente de sus ojos con un médico trucho, siguen pidiendo silencio y que no se hable del tema.
A mediados del año pasado, las autoridades del COE estaban tan entusiasmadas que sostenían que habían llegado para quedarse más allá de la pandemia.
Pero hubo un punto de inflexión. La absurda decisión de no dejar ingresar al padre de Solange Muse a despedirse de su hija moribunda implicó que aquella palabra sacrosanta del COE pasara a ser sugerencia y recomendación.
El cazador cazado
A la par de Ledesma, el COE tenía otra estrella rutilante, el jesumariense Diego Almada, al que llamaban “cazador de virus” y lo presentaban como un pediatra de perfil sanitarista, al tiempo que lo condecoraban como el cordobés que iba a vencer la pandemia.
Ocultaban el perfil político de Almada, que había sido funcionario de la gestión de Ramón Mestre en la ciudad de Córdoba y en la de Gabriel Frizza y Mariana Ispizua. En esta última cumplía roles que excedían lo sanitario y era una especie de mano derecha política en el fallido intento por continuar al frente del municipio de Jesús María en las elecciones de 2019.
Almada se recostó en sectores del PJ y trabó vínculos con referentes de Hacemos por Córdoba, que le facilitaron llegar a un lugar estratégico en el COE.
Coordinó los equipos en el interior pero la misión de Río Cuarto era clave más allá de lo sanitario. El brote en la capital alterna estaba creciendo y en algún momento se iban a realizar las elecciones municipales suspendidas en marzo.
Fue Almada el que llevó al médico falso a Río Cuarto. Y lo dejó allá en tareas que largamente excedían la de asistencia, como se pretende hacer creer ahora.
Formosa no tan lejana
Tal es la responsabilidad política en la designación de Martín que el Gobierno escondió bajo siete llaves la denuncia que tuvo que hacer cuando le avisaron que ese muchacho que diagnósticaba, recetaba, derivaba pacientes, jamás había pisado una facultad de Medicina.
Si los concejales opositores en Río Cuarto no avisaban que había sospechas con la matrícula de uno de los integrantes del COE, ni los pacientes atendidos, ni la población alcanzada ni todos los cordobeses se enteraban de que la Provincia y la Municipalidad de Río Cuarto habían tenido a un falso médico poniendo en riesgo la salud de la población.
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Ese cajoneo de más de un mes estuvo acompañado por la Justicia provincial, que lejos de ser un poder independiente es una repartición más que el Ejecutivo. A tal punto esto es así que el Ministerio Público Fiscal, del que dependen todos los fiscales que inician las acciones penales, está vacante hace dos años, con dos militantes del PJ provisoriamente a cargo.
La única orden es que nada incomode al Gobierno provincial. Hay veces que Formosa está lejos pero muchas queda bastante cerca de Córdoba.
Mientras tanto, y por enésima vez, el Gobierno cordobés juega a su juego favorito: las escondidas.
