Resulta hipócrita y absurdo decir que las exclusiones de candidaturas que aplica el régimen de Nicolás Maduro son “un problema de los venezolanos que deben resolver los venezolanos en una mesa de diálogo”, como dijo Alberto Fernández.
La justificación de su rechazo a firmar un pronunciamiento cuestionando la inhabilitación de María Corina Machado para ser candidata resulta absurda porque, obviamente, las dictaduras no resuelven sus diferencias con la disidencia dialogando.
En todo caso, bajo fuerte presión externa e interna, las dictaduras pueden negociar, pero jamás dialogan. Si dialogaran no serían regímenes autoritarios.
¿Tenía lógica esperar que regímenes del Siglo 20 como el que encabezaron Rafael Trujillo en República Dominicana y Alfredo Stroessner en Paraguay, acuerden en una mesa de diálogo reglas limpias para procesos electorales verdaderamente pluralistas?
Tanto Trujillo como Stroessner realizaban elecciones amañadas, con falsos candidatos opositores, porque los verdaderos disidentes eran proscriptos o encarcelados.
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La justificación del presidente argentino sonó a ironía de mal gusto. Referirse a la relación entre un régimen dictatorial y la disidencia como si fuera la relación entre el oficialismo y la oposición en un Estado de Derecho, parece una burla sarcástica. Es obvio que las disidencias internas necesitan ayuda externa. Sin presión externa, los regímenes autoritarios no aceptan negociar procesos de redemocratización.
También resulta hipócrita justificar silencios cómplices sobre los crímenes y demás tropelías del autoritarismo, como hacen los presidentes de Argentina y Brasil.
Hace poco tiempo, Alberto Fernández denunciaba públicamente, y con razón, el encarcelamiento de Lula da Silva que dispuso el juez Sergio Moro para allanar a Jair Bolsonaro el camino a la presidencia de Brasil.
Lula agradeció los apoyos internacionales que recibió mientras estuvo encerrado en Curitiba. Esos apoyos externos acusaban a Moro de disfrazar una proscripción con argumentaciones jurídicas. Pero ni Lula ni Fernández tuvieron la coherencia de reclamar al régimen venezolano lo que habían reclamado en Brasil, así como también en Ecuador, por los casos del ex presidente Rafael Correa y el ex vicepresidente Jorge Glas.
También levantaron la voz para apoyar la versión que Evo Morales plantea sobre los sucesos que precipitaron su caída en Bolivia, pero no dicen ni mu sobre los muchos dirigentes anti-chavistas que fueron proscriptos cuando las encuestas mostraron que tenían fuertes respaldos en la población.
Los presidentes más jóvenes de Latinoamérica muestran la coherencia ética y la dignidad política que les falta a muchos veteranos e ideologizados gobernantes en la región.
A Mario Abdo Benítez se le puede reprochar no haber hecho una revisión crítica de la actuación del Partido Colorado al servicio de Alfredo Stroessner, dictador al cuál su padre sirvió como secretario. Pero el presidente paraguayo adoptó una posición correcta en lo que se refiere a la defensa del Estado de Derecho y el cuestionamiento de los regímenes que lo destruyen en la actualidad.
Valiosa es también la posición de Gabriel Boric. El joven presidente centroizquierdista de Chile no está dispuesto a usar la doble vara que usan, sin sonrojarse, los viejos exponentes de la izquierda latinoamericana. La corrupción es corrupción y el autoritarismo es autoritarismo sea de la ideología que sea el liderazgo que los comete.
Lo mismo piensa el otro joven presidente que da clases de coherencia a Lula y Alberto Fernández: el uruguayo Luis Lacalle Pou.
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Los tres presidentes (Boric a través de su canciller, Alberto van Klaveren) dejaron en claro que la proscripción de María Corina Machado es un inaceptable acto autoritario, que impide la realización de verdaderas elecciones.
Aunque Lula y Fernández digan otra cosa, la decisión de marginar del proceso electoral a la líder del partido Vente Venezuela es el equivalente a lo que hizo Daniel Ortega con todos los candidatos opositores que inhabilitó, encarceló y expulsó de Nicaragua porque tenían claras posibilidades de vencerlo en una elección limpia y justa.
Maduro hace de manera solapada a través de la Contraloría General, lo que el Partido Comunista Cubano hace con ropaje institucional: depurar las listas de candidatos a los escaños en la Asamblea Nacional a todos los que sean disidentes del régimen imperante.
Un modo similar al aplicado en otro régimen aliado del chavismo: el de Irán. El Consejo de Guardianes es el ente encargado de decidir quién puede y quién no puede ser candidato en la República Islámica.
Maduro y Diosdado Cabello usaron la Contraloría General a modo de Consejo de Guardianes, proscribiendo las candidaturas de los dirigentes verdaderamente disidentes y con fuerte respaldo popular.
Lula y Alberto Fernández, que aceptan públicamente como válida la consideración de “proscripta” que hace Cristina Kirchner para justificar su decisión de no postularse, guardan silencio frente a las proscripciones seriales ejecutadas en Nicaragua y Venezuela.
En rigor, el presidente argentino señaló, en su momento, la injusticia cometida por Daniel Ortega con Cristiana Chamorro y los demás líderes opositores que anunciaron sus candidaturas presidenciales y fueron encarcelados. Pero cuando Lula empezó a usar la doble vara, se plegó al discurso del presidente brasileño, abandonando una de las pocas posiciones valiosas que había mostrado en el escenario internacional.
