Cristina quiere volver a regalarles la luz a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. A expensas de los habitantes del resto del país. Es una de las fórmulas para sintetizar lo que está ocurriendo desde hace 10 días, cuando quedó expuesta la feroz interna entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y su subsecretario de Energía, Federico Basualdo, el funcionario que resiste en el cargo respaldado por el kirchnerismo.
El ministro proyectaba avanzar con un tímido ajuste en las boletas de luz del Área Metropolitana de Buenos Aires, absurdamente, la única que está bajo control directo del Estado nacional.
En los planes de Guzmán, el 9% de suba ya aprobado sería sólo un primer paso para un gradual sinceramiento tarifario para los habitantes de una región que incluye el principal bastión electoral de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Una suba mucho más lenta que en el resto del país, pero suba al fin. Córdoba, por ejemplo, ya tiene tarifas de energía eléctrica un 21,6% más altas que el año pasado. Y algo similar pasa en otros distritos como Mendoza, Santa Fe y Entre Ríos. Pero la orden de la cabeza del Frente de Todos fue establecer ese 9% de incremento como el único del año en AMBA. La enorme diferencia que existe entre la producción, transporte y generación de energía y lo que se pagará allá será cubierta íntegramente con subsidios nacionales. Subsidios que serán cubiertos con mayor emisión y, por consiguiente, más inflación.
A los usuarios regulados por la Nación se les crea una realidad paralela. Allá, de acuerdo a un histórico mandamiento K, los servicios deben valer poco y nada. Anunciar "aumentos" que, como están muy por debajo de la inflación, ni siquiera deberían ser llamados así, es algo que aterroriza a esa corriente política.
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Una pauta de la prioridad que el kirchnerismo le asigna a regalarles la luz a los habitantes del AMBA son los datos difundidos hoy por La Nación: en el primer trimestre de este año, el gasto en subsidios a la energía, focalizados en el AMBA, fue de casi el doble de lo que destinó para enfrentar la pandemia en todo el país.
El problema es que el populismo tarifario aplicado es brutalmente inequitativo. Por varias razones. Por un lado, beneficia a una multitud de usuarios de alto poder adquisitivo que podrían perfectamente afrontar el costo real de una boleta de luz. En palabras del jaqueado ministro Guzmán, el esquema de subsidios de nuestro país es "pro ricos". Y también es inequitativo porque excluye al resto del país, que financia el hot sale tarifario por múltiples vías. En el tercer gobierno nacional del kirchnerismo, el que transcurrió entre 2011 y 2015, esa distorsión llegó a extremos ridículos. En Córdoba o Santa Fe una boleta de luz era 6 veces más cara que una de Puerto Madero o de Lanús con un consumo idéntico. Durante el gobierno de Juntos por el Cambio esa brecha se achicó. Ahora vuelve a ensancharse, veremos hasta dónde.
La principal fuente de financiación del populismo tarifario es la emisión monetaria, que en los primeros meses de este 2021 se había desacelerado bruscamente, como detalla un informe del Ieral. Es que el ministro Guzmán buscaba enfrentar con cierto rigor el flagelo de la inflación. No con las inverosímiles políticas de "acuerdos" de precios o de mayores castigos a los agroexportadores. La vicepresidenta clausuró ese intento.
Los habitantes de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense volverán a tener la luz regalada. Sumando otros subsidios nacionales exclusivos para esa región, se puede ir entreviendo el tipo de país que estas políticas van perfilando.
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