La corrupción es algo abstracto, intangible, complicado de dimensionar en la vida cotidiana. Pero, a fuerza de golpes duros y tragedias, los argentinos pudimos comprender los efectos concretos y devastadores de los negocios ilegales con fondos públicos.
Cromagnon y Once nos enseñaron, con casi 200 muertos entre ambos hechos, que la corrupción –entre otras cosas– mata.
En Córdoba, de alguna manera estamos empezando a visualizar que la corrupción no sólo ensucia en un sentido figurado sino en el más palpable y olfateable en nuestras calles.
Dicho y repetido: la ciudad de Córdoba no logra resolver su problema de higiene urbano y tiene un servicio muy costoso, poco eficiente y con criterios de prestación del siglo pasado.
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O sea, nuestra recolección de residuos es cara, floja y antigua. Es otra de las cosas en la que Córdoba atrasa y mucho.
Algunas voces aisladas comenzaron a levantarse hace un tiempo ya para decir que eso era así, entre otras cosas, producto de actos ilícitos. Por caso, la concejala Laura Sesma se fue del entonces oficialismo municipal para decir que con la licitación de la basura había un triángulo de corrupción entre empresarios, gremialistas y funcionarios.
La presentación de Sesma corrió en la Justicia provincial la misma suerte que corre cada uno de los expedientes que involucra al poder: dormir plácidamente en los atiborrados cajones de los Tribunales cordobeses.
En tres partes
Por distintas circunstancias, no ajenas a movidas políticas nacionales, fue la Justicia Federal la que decidió avanzar en el triángulo sospechado de corrupción.
Con un trabajo muy minucioso de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), en el fuero federal se empezaron a ventilar números y procedimientos escandalosos.
Primero fue el turno del Surrbac, que ya sido intervenido, tiene toda su conducción procesada por graves delitos, los jefes sindicales presos y una obscena exhibición de riqueza, construida a costa del dinero de los trabajadores y de otros negociados.
Después, le tocó a los empresarios. Fueron imputados de asociación ilícita, lavado de dinero y unos cuantos cargos más los directivos de Cotreco, una de las principales prestadoras del servicio en la gestión de Ramón Mestre y actual prestataria en varios municipios del interior administrados por el PJ.
Las cifras que se investigan en ese caso son millonarias. Por eso, resultó interesante la advertencia del fiscal Enrique Senestrari sobre la necesidad de prestarle también atención al caso Cotreco, además del Surrbac. Es que en algunos ámbitos hay como ciertos pruritos y se menciona muy tangencialmente la investigación que pesa sobre la empresa encabezada por Horacio Busso.
Y, finalmente, ayer se abrió la investigación sobre la tercera pata. Directivos de la Crese durante el mestrismo imputados y los responsables anteriores del Esop apuntados parecen ser el inicio de una escalada, que puede terminar en funcionarios con mayor responsabilidad.
Tanto millones dando vueltas fuera de la ley, tantos empresarios, sindicalistas y funcionarios con niveles de vida complicados de explicar es una forma de entender por qué Córdoba es tan cara y tan sucia.
