La excursión a un campo entrerriano camuflada de emprendimiento "agroecológico" y el reciente asentamiento en un punto del interminable conurbano bonaerense llamado Guernica tuvieron mucho en común. Y muchas de las repercusiones que provocaron.
En las dos tomas había una flagrante violación del derecho a la propiedad que la Justicia no tuvo más remedio que reconocer, más allá de la incomodidad de algún magistrado que se hizo el desentendido. En ambas intervinieron dirigentes y punteros con vínculos con el oficialismo a nivel nacional. Y frente a las dos, el Presidente Alberto Fernández desplegó un discurso ambiguo que no terminó de conformar a nadie.
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La toma de Guernica se desactivó como corresponde: haciendo un uso racional y medido de la fuerza de la que dispone el Estado. Más allá de la aparatosa propaganda de aires bélicos que hizo después el ministro de Seguridad bonaernse, Sergio Berni, el operativo se ejecutó sin incidentes mayores a los que pueden esperarse en estas circunstancias. Algo similar a lo que había ocurrido con la policía cordobesa en el desalojo de los ocupantes de un predio privado en Estación Juárez Célman, dos años atrás.
Las tomas de este tipo, repentinas y masivas, son acciones lideradas por "gerentes de la pobreza", que buscan réditos políticos o económicos. O ambos. Desalojarlas antes de que los asentamientos se consoliden es el camino más eficaz para mejorar el déficit habitacional que, es evidente, existe en el país.
El campo de batalla
La interna familiar de los Etchevehere era una excusa apenas elegante para una acción política que buscó incomodar a un dirigente opositor. Para colmo, ex ministro de Macri. Los usurpadores, seguramente hábiles en el arte del piquete, perseverantes en la asistencia a manifestaciones en las que se toma lista, podrían haber pasado años en ese campo de Entre Ríos sin obtener logros agropecuarios. La riqueza del campo no está dada. Generarla requiere de mucho conocimiento y esfuerzo. Y proporciona millones de puestos de trabajo genuinos, cosa que el Presidente, con sus dichos para conformar al autor intelectual de la toma, Juan Grabois, simuló ignorar.
Los excursionistas "agroecológicos", entre los que había muchos funcionarios y empleados estatales, levantaron campamento mansamente. Al cargar nafta para emprender el regreso pidieron el tipo de comprobante que se usa para rendir gastos en el ámbito laboral. No es difícil adivinar quién financió la patética aventura. La millonaria heredera Dolores Etchevehere, cuyo enfrentamiento familiar se usó como pretexto para la toma, había prometido que sólo la sacarían muerta del campo. Por suerte, pocas horas después abandonaría el lugar sin oponer mayor resistencia.
Libertad de expresión hasta ahí
La toma de Entre Ríos derivó en un sombrío episodio ocurrido en la Legislatura de Córdoba. La mayoría de Hacemos por Córdoba suspendió por seis meses a una legisladora radical, la sanción más severa de las últimos tiempos, por un tuit.
Según la interpretación que impuso la mayoría, Patricia De Ferrari reclamaba en una publicación borrada la intervención de "Falcon verdes" para los ocupantes de Entre Ríos. El desafortunado posteo permitía otras lecturas. Por ejemplo, que se trataba de una advertencia del riesgo de recrear un contexto como el de mediados de los 70, cuando distintas facciones del oficialismo de entonces buscaban imponer sus criterios al margen de la ley, y la represión ilegal ya estaba en funcionamiento, bastante antes del golpe de estado del 24 de marzo de 1976. Esa explicación ensayó más tarde De Ferrari, quien además pidió disculpas en el recinto, ante las cámaras y micrófonos, y en sus redes.
Nada fue suficiente. La mayoría de Hacemos por Córdoba mostró una intransigencia inédita en esta materia.
Muchos de los legisladores que votaron esa durísima sanción exprés defendieron la autoamnistía que apoyaba Ítalo Lúder en 1983 o, más acá en el tiempo, avalaron los indultos de Carlos Menem. Es más, los organismos de Derechos Humanos tuvieron fuertes cruces con el ex Gobernador José Manuel De la Sota.
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A partir de este precedente, insinuar visiones que se aparten de las que circunstancialmente adopta la mayoría en la Legislatura, entraña riesgos. ¿La inmunidad de opinión de la que gozan constitucionalmente los legisladores no corre para un tuit de confusa redacción?
Duro e inesperado golpe a la libertad de expresión, perpetrado por dirigentes que se jactaban, en muchos casos con razón, de la pluralidad de opiniones que convivían en su mismo espacio político.
