La fase que viene es la del ajuste y los conflictos

Entramos hace más dos meses y no sabemos cuándo vamos a salir y, tal vez lo más importante, cómo vamos a salir.

El mundo piensa cómo serán las relaciones, los comportamientos sociales, las libertades y el papel de los Estados después de la pandemia, pero acá, en los confines del Cono Sur, los cálculos más repetidos pasan por los bolsillos.

Lo mismo el resto del mundo está más que preocupado por las secuelas económicas, aunque el impacto siempre será mayor para los que entraron débiles en ese sentido a la pandemia, como pasa por estos lados.

Ya quedó claro lo de los dos países. Vaya paradoja que justo al evocar los 210 años de la Revolución de Mayo, que fue un hecho fuertemente porteño-bonaerense, Argentina marque hoy los trazos de dos países distintos en el mismo territorio.

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La Córdoba de los temores y las dudas seguirá con cautela esa opción intermedia de avanzar un poco más que lo que pasa en la famosa Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y menos que en el resto de las provincias, con muchos menos casos.

Pero la semana pasó con sacudones más que importantes para Córdoba, que han dejado claro de manera palmaria que la fase que viene es la del ajuste y los conflictos.

Ya están expuestos ambos en muchos sectores privados y ahora se viene lo de público.

¿Sueldos en cuotas?

La poda a algunas jubilaciones y pensiones actuales y a todas las futuras venían siendo analizada hace rato en el Gobierno provincial, tal como se explicó en esta columna hace tres semanas.

Y era un debate más que interesante para dar, porque además de las cuestiones de bajar o no jubilaciones estaban otros asuntos de cómo el esfuerzo del conjunto de los cordobeses (incluidos los más pauperizados) sostiene un cierto nivel previsional.

Pero esa discusión quedó abortada por un procedimiento super rápido, aprovechando restricciones repuestas del aislamiento y los dos grandes acuerdos políticos que tiene el gobernador Juan Schiaretti: con sus opositores laxos de Juntos por el Cambio y sus nuevos aliados del kirchnerista-albertista Frente de Todos, que le vienen dando duro y parejo a la tijera con las jubilaciones nacionales.

Pero el ajuste seguirá en el sector público provincial, seguramente y como siempre, a un ritmo menor que en el sector privado.

Se analizan diferimientos en el cronograma, escalonamiento o desdoblamiento de los pagos y aumentos por debajo de la inflación, lo cual es –como le ha pasado al resto de los trabajadores– una manera de recortar salarios.

La Municipalidad de Córdoba no sólo ha hecho punta de lanza sino que el intendente Martín Llaryora ya les avisó a los choferes de UTA que quiere rediscutir su convenio y hará lo mismo con los del Surrbac, cuando terminen de dirimir sus complejas cuestiones judiciales.

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Confusión en la Justicia

Está claro que todo estos ajustes, públicos y privados, traerán conflictos, como lo vimos estos días en las calles de Córdoba.

Y un enorme debate que ya está expuesto: ¿qué márgenes legales tienen para protestar aquellos que consideran que sus derechos han sido afectados si rigen normas de aislamiento?

¿Cómo se resolverán estas cuestiones que enfrenta a salud pública con reclamos legítimos?

Porque ya no están saliendo a las calles sólo los que usan habitualmente la protesta callejera, como por caso los gremios estatales, sino también los comerciantes y otros actores sociales.

La Justicia enfrentará una serie de dilemas en ese sentido. Porque deberá resolver sobre el fondo de la cuestión, que son los recortes o las reducciones de ingreso por la vía que sea, y sobre las formas, que es cómo se puede protestar en cuarentena.

Hasta acá, las señales han sido un tanto confusas.

Son horas de confusión, por cierto, en los pasillos de Tribunales. 

Cerraron la semana con la imputación a dos médicos del geriátrico de Saldán, lo que desató una ola de repudios por parte de profesionales de la Salud.

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Es que esa imputación surgió después de que se conoció el vínculo familiar entre el dueño de la residencia Santa Lucía y un vocal del Tribunal Superior y de que el fiscal especial de la causa, Andrés Godoy, –cuestionado en su momento por manera en lo que designaron– tenía parada la causa.

Las horas que se vienen no serán fáciles.