El Gobierno provincial hizo una fuerte apuesta política de cambiar la imagen de la Policía de Córdoba. Profusa difusión de uniformados en conductas heróicas, solidarias o socialmente reconocidas; alto perfil de la cúpula, con gestos de tolerancia cero a inconductas; procedimientos de alto impacto.
Pero la versión 2022 de la Policía provincial venía con los mismos defectos de los modelos anteriores.
Más allá de la ola delictiva a la que no le puede hacer frente y sobre la cual el aparato judicial es menos que un pasivo espectador bien remunerado, algunas cuestiones en la fuerza de seguridad revelan problemas estructurales ante los cuales las respuestas políticas no llegan ni a cosméticas.
Así, mientras los cordobeses y los visitantes de verano son sorprendidos por todos los flancos con hechos de inseguridad, se conocía que a un comisario le robaron un auto oficial. La escena tiene una contundencia que no requiere demasiadas consideraciones.
Pero el hecho más estruendoso del verano fue el robo en una sede policial perpetrado por uniformados.
La sustracción de dólares, euros y pruebas de documentación relacionado con hechos ilícitos en la sede de la departamental Punilla en Villa Carlos Paz es uno de los mayores escándalos internos que haya atravesado la Policía de Córdoba, equiparable al todavía no aclarado masivo robo de armas en la sede de la Jefatura en 2015.
Esas armas que siete años después siguen siendo usadas para cometer hechos delictivos y hasta para matar policías. No hay un solo detenido por semejante hecho. Y uno espera que le esclarezcan el robo de un auto o de una casa.
En Carlos Paz, abrieron la caja fuerte de la comisaría sin mediar violencia y se llevaron dólares y euros por más de 20 millones de pesos, además de otros documentos secuestrados por la Justicia. Un mensaje interno hacia el seno de la Policía y también para la Justicia.
Hay policías que le están diciendo a sus superiores y a la comunidad: “No hay ningún lugar seguro y la impunidad está al alcance de la mano”. Está claro que la mayoría de los cordobeses conocían el contenido del mensaje pero que salga desde la propia fuerza de seguridad cobra un sentido especial.
Responsables se buscan
La jefa Liliana Zárate Belletti había cambios metido en dos departamentales antes que le estallara el escándalo en Punilla. Empezó por Colón por el maltrato a un muchacho en las afueras del Festival de Jesús María, siguió por Cruz del Eje donde dejaron escapar un preso acusado de entrar droga a la cárcel y tuvo que hacerlo en Punilla ante el escándalo de Carlos Paz.
La jefa busca mostrar la imagen de tolerancia cero con las inconductas mientras se ve desbordada por la acción de algunos de sus subordinados. Podría decir que es nueva en el cargo y no es la responsable de la formación del personal que tiene a cargo, pero su puesto anterior fue la responsable de Recursos Humanos de la Policía.
Donde parece no haber nada para decir es en el Gobierno provincial. ¿A quién podría echarle la culpa de la formación y comportamiento de los policías una gestión que lleva apenas 23 años en el poder?
Mostrar la recuperación de un perro robado sirve sólo para entretener a un puñado de voceros en un acotado y aceitado circuito de comunicación.
Drogas al azar y sin dueño
En esa idea de mostrar la versión 2022 como distinta fue muy sugestivo como en las dos primeras semanas del año, aparecieron dos descubrimientos “al azar” de drogas ilegales.
Esos extraños procedimientos en Müller y Talleres Este donde la Policía fue a buscar una cosa y se encontró con cargamentos de drogas generó malestar en la Justicia Federal, donde dicen que le avisaron antes a los medios que a las fuerzas federales que debían intervenir.
En Federales, remarcan también que se haya incautado la droga pero no de los dueños. Así, en Müller, decomisaron 800 kilos de marihuana pero sin un solo detenido.
Especialistas en estas cuestiones hablan de “pactos tácitos con la criminalidad” y en la Justicia Federal dicen que al cabecilla no lo encuentran más.
