En estos días, buena parte de la sociedad se indignó al conocer cómo el Estado paga de más por todo tipo de mercaderías.
Compras con sobreprecios millonarios de alimentos por parte del ministerio de Desarrollo Social de la Nación, de alcohol en gel en el Pami, y la insólita partida de repelentes para el personal con base en Córdoba de la Dirección Nacional de Vialidad al triple de su valor en cualquier góndola.
Cada compra presentó sus propios detalles escandalosos (contrataciones a intermediarios y no a los fabricantes de cada producto, proveedores sin antecedentes, funcionarios con denuncias de corrupción, etcétera), pero en conjunto funcionaron como un ejemplo cabal de la histórica propensión estatal al dispendio.
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Además, las adquisiciones caras desnudaron la impostura de la dirigencia con respecto a los llamados Precios Cuidados. Tanto los funcionarios de la actual gestión, que públicamente promueven los controles de precios, como los de la anterior de Cambiemos, que también recurrieron sin convicción a acciones de este tipo, saben que es una política disparatada.
A diferencia de Guillermo Moreno u otros dirigentes marginales inspirados en tiranías como la que impera en Venezuela, la mayoría de los funcionarios saben que no hay burócrata que pueda resultar eficaz interviniendo en este terreno.
Por eso resultó revelador que –en un primer momento y antes del anunciado despido de 15 funcionarios de Desarrollo Social de la Nación– el ministro Daniel Arroyo apelara a la lógica de la oferta y la demanda para justificar los sobreprecios: "En todos los casos pedimos rebajas. Pero decidimos con un informe técnico comprarlo igual en el marco de la emergencia".
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Dando por sentado que no estábamos ante un negociado millonario penalmente sancionable, el ministro pareció dispuesto defender esas compras, evidenciando su nula convicción en la eficacia de las políticas de control de precios.
Argumentos similares se esgrimieron desde el Pami. Por ahora, Vialidad Nacional no se ha pronunciado sobre su compra de repelentes llamativamente caros y que fue explicada con detalles en El Doce.
Los Precios Cuidados (o vigilados, sugeridos, acordados, máximos, recomendados, y así por el estilo) son siempre una ridiculez. Y los funcionarios actuales lo saben. Como también parecen conocer esa añeja práctica de que el Estado compre mal y caro.