Los choferes del transporte urbano de Córdoba volvieron a hacerlo. De un momento a otro, sin aviso previo, cortan completamente un servicio esencial, aplicando un castigo masivo a la sociedad que financia sus ingresos con mucho esfuerzo.
Es discutible si la terrible muerte de un chofer en circunstancias aún no aclaradas puede ser repudiada con un paro. Lo que debería estar fuera de discusión es la manera en la que esa protesta debería implementarse.
Es discutible si la terrible muerte de un chofer en circunstancias aún no aclaradas puede ser repudiada con un paro.
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El paro tendría que ser anunciado con algunos días de anticipación, con una demanda concreta y por un plazo determinado. Y garantizando una prestación mínima, tal como establece la ley aprobada en Córdoba en 2017.
En última instancia sería entendible que la conmoción inicial de la noticia de la muerte de un chofer impacte con tanta fuerza a los colegas más cercanos que algunos (decenas, quizás) frenen la actividad espontáneamente por unas horas.
Pero un paro total, intempestivo, por tiempo indeterminado, debería ser llamado como lo que es: un paro salvaje. Otro más de una corporación malacostumbrada a tomar de rehén a una ciudad completa.
