Es evidente que hay gente que disfruta del estado de excepción que adoptó buena parte del mundo a partir de la irrupción del Covid-19. Que se siente a gusto con el clima de miedo y alerta máxima que predomina hace ya casi dos años. Que no quieren el regreso a la normalidad.
La última moda entre quienes militan en este grupo y ocupan cargos públicos, es la de promover la adopción de un “pase sanitario”. Un certificado de vacunación que sería exigible para ingresar a determinados lugares. Lo mismo que habían anunciado para los estadios de fútbol cuando llegó la tardía habilitación del público a las canchas. Muy pocos hinchas recuerdan haber tenido que mostrar ese certificado alguna vez.
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Ahora Tucumán hizo punta e implementó el pase antes que el resto del país. En esa provincia ya rige una versión dura de esta política: sin el certificado no se puede entrar ni a bares y restoranes ni a muchas dependencias públicas. En otros distritos hubo anuncios, desmentidas y confusión. Ahí fue cuando apareció en escena la ministra de Salud de la nación con una gira que incluyó a Córdoba para armonizar criterios.
Aquí, junto a las autoridades provinciales del área que acompañaron el mensaje a favor del pase sanitario sin demasiado entusiasmo, apenas con tono protocolar, Carla Vizzotti habló de exigirlo sólo en eventos masivos. Y anticipó que en los próximos días entraría en vigencia.
El argumento oficial es que con esto se busca incentivar que completen su vacunación quienes únicamente se aplicaron la primera dosis. O que se vaya a inmunizar la pequeña porción de la población que rechaza estas vacunas.
Ahora bien, si tanto los vacunados como los no vacunados pueden transmitir el virus, y la única diferencia para unos y otros radica en la severidad del cuadro que eventualmente podrían desarrollar, ¿cuál sería la lógica de segregar a quiénes eligieron no vacunarse? ¿O acaso la vacunación no es desde el principio una opción y no una imposición para la ciudadanía?
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Hay mucho de irracional en toda esta novela de aires distópicos. Los datos epidemiológicos oficiales que se difunden, como la baja tasa de nuevos contagios, entre ellos, muy pocos que requieran de atención hospitalaria, o que no se registre casi ningún deceso atribuible al Covid desde hace meses, no parecen justificar nuevas restricciones.
Incluso las informaciones ciertas relacionadas con Ómicron también deberían desalentar el clima de paranoia que algunos evidentemente disfrutan. Mal que les pese, por lo que se sabe hasta ahora, la nueva variante detectada originalmente en Sudáfrica provocaría en la enorme mayoría de los casos apenas una enfermedad respiratoria con síntomas muy leves. Nada que habilite a los gobiernos a limitar o suspender los derechos fundamentales de las personas.
