La situación no daba para más. El malestar social se potenciaría si se prolongaba la prohibición de los encuentros sociales en todo el país. Mucha gente parecía dispuesta a no acatar más, desafiando la amenaza de sanciones. El incumplimiento generalizado aceleraría la pérdida de credibilidad en el Gobierno.
Así se llegó a la decisión presidencial de no renovar la insólita prohibición de las reuniones. Una prohibición que el propio Alberto Fernández viene personalmente ignorando. En rigor, son varias las prescripciones sanitarias para enfrentar al coronavirus cuyo cumplimiento el presidente se saltea. La foto de la reunión familiar con los Moyano es un documento elocuente.
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El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que prohíbe las reuniones en todo el país vence hoy. Qué disposición oficial lo sucederá es todavía una incógnita. De lo que diga ese nuevo decreto dependerá qué hará después cada distrito. Falta conocer el texto. Habrá que ver qué márgenes de interpretación permite.
El Gobierno de Córdoba había estado entre los que pidieron que se autoricen los encuentros. Además, el propio Schiaretti les encargó a sus funcionarios que evalúen mecanismos para autorizar los viajes interdepartamentales con este fin. Sobre los cruces entre los límites provinciales aún no habría novedades. Hay familias que llevan distanciadas un semestre casi completo. La cuarentena argentina, esa que según el Presidente no existe, es de las más extensas y opresivas. El confinamiento llegó a extremos inimaginables en el mundo democrático. Y sin aviones, colectivos de larga distancia ni juntadas, el coronavirus igual se propagó.
Con estas certezas a mano, el gobernador Schiaretti resolvió no convalidar nuevas restricciones en ninguna de las actividades económicas y recreativas permitidas. En Córdoba no habrá retrocesos de fase, por más que el conteo de contagios siga ascendiendo. Esa política de no dar pasos atrás ya la fijó por su cuenta el intendente de General Deheza. Esta vez, no hubo reproches de la Provincia.
El impacto del caso Solange, un símbolo del sesgo opresivo adoptado en nuestro país para encarar la pandemia, reforzó la convicción de las autoridades cordobesas de que había que volver a permitir algún tipo de reunión familiar. Alberto Fernández habló en su anuncio del viernes de un permiso para los encuentros en lugares abiertos, con un máximo de 10 personas. Hasta que se conozca el decreto, cada jurisdicción debatirá si esa premisa deja una puerta abierta para habilitar las reuniones en patios, jardines o terrazas. El mapa argentino mostrará diferentes prácticas en este terreno. Por ejemplo, el distrito más poblado, la provincia de Buenos Aires, dejaría todo como hasta ahora y prolongaría la prohibición. En otras jurisdicciones se permitirían los encuentros sólo en lugares públicos como parques y plazas.
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La intención del gobierno de Córdoba es permitir que esos encuentros se den en los hogares. ¿Será sólo en ambientes al aire libre? ¿O se podrá volver a la reunión en el comedor? Para confirmarlo esperan el texto del nuevo decreto presidencial.
La rehabilitación de las reuniones familiares, cuyos detalles son todavía una incógnita, es una noticia para celebrar no sólo desde lo afectivo. Es un hecho político significativo. La ciudadanía argentina recupera una pequeña cuota de la libertad que le arrebataron con asombrosa facilidad.
