¿Tolerancia cero en Córdoba?

La democracia no es perfecta. Winston Churchill dijo que es el menos malo de los sistemas políticos.

Y aunque los ciudadanos no siempre somos capaces de elegir a los mejores para administrar la cosa pública, no renunciamos a hacernos las preguntas en la búsqueda de fortalecer las libertades que sostienen al Partenón democrático.

¿Rige plenamente el sistema de libertades públicas en Córdoba? ¿Se respetan todos y cada uno de los preceptos de la Constitución provincial? ¿Tenemos un Estado que garantiza esas libertades y nos brinda la seguridad que hace falta para desarrollar en plenitud nuestra vida?

Me permito dudar de la eficacia con la que nuestros funcionarios encaran este tipo de compromisos públicos, a veces muy lejos de las promesas que hacen en campaña.

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Soy uno de los tantos ciudadanos que se pregunta cómo es posible que el sistema judicial esté tan aceitado para algunas cosas y para otras es un paquidermo que se mueve lentamente lo hace haciendo que mira para otro lado.

Una muestra del primer caso es la actitud del Ministerio Publico Fiscal que se encargó de seguir (¿perseguir?) prolijamente a los convocantes de la marcha contra las restricciones que impuso el confinamiento.

Varios de estos ciudadanos fueron visitados en sus domicilios por efectivos policiales, que se desplazaron –en algunos casos– con despliegue de patrulleros y uniformados para notificarles de una resolución emanadas de un decreto nacional que impone penas de 6 meses a dos años de prisión para quienes instiguen a la violación de las medidas sanitarias.

Apriete e intimidación. Fueron expresiones que salieron de la boca de las personas notificadas, principalmente del grupo de padres y comerciantes autoconvocados.

Y la pregunta que se cae de maduro es: cómo el Estado emplea todo su poder para identificar rápidamente a los convocantes de una marcha y no se mueve con la misma celeridad para marcarle la cancha a la delincuencia sin freno que comete no solo todo tipo de delitos, sino que emplea una atrocidad con sus víctimas nunca vista.

Si son tan diligentes para usar la “chapa” y el uniforme policial, para cumplir órdenes de la Justicia, por qué no hacen algo parecido con los aguantaderos de esas bandas y cuevas del narcotráfico.

Quien haya visitado la ciudad de Nueva York, habrá visto en barrios recuperados a la delincuencia, como el Bronx y el Harlem, que algunos edificios tienen una placa policial en su ingreso que señala a todo aquel que quiera verlo, que allí viven algunas personas en conflicto con la ley.

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Fue una de las medidas que dispuso el ex alcalde Rudolf Giuliani, aquel que se puso al hombro la política de la “tolerancia cero”.

La pregunta es por qué nuestra Justicia se mueve prestamente para hacer cesar el “delito” de una convocatoria a una marcha pacífica de ciudadanos angustiados por una cuarentena de un año y medio y no envía a su disciplinado batallón de notificadores a golpear la puerta de los ladrones.

Para los que marchan reclamando exigiendo trabajar y educación para sus hijos las notificaciones preventivas, y para el resto de la vecindad huérfana de elementales medidas de seguridad, a veces ni el delito en flagrancia es tenido en cuenta por quienes deberían protegernos.