Aunque aún resta conocer importantes detalles, el escándalo del BMW X1 manejado por el legislador Oscar González que protagonizó el trágico choque frontal en Traslasierra expone llamativas fallas en el funcionamiento de distintas instituciones y plantea preguntas urgentes.
Sin abordar los aspectos centrales de la dinámica del siniestro, como por ejemplo la velocidad, o la trayectoria de cada vehículo, para los cuales hay que esperar los resultados de las pericias, surgen varios interrogantes:
¿Por qué convalidaron en los poderes Judicial y Legislativo el uso de un vehículo con una patente trucha?
¿Nadie advirtió que esa irregularidad podía derivar en complicaciones de todo tipo? Los testimonios de los titulares del BMW X1 que tiene el dominio original muestran además que hubo alarmas en ese sentido.
¿Con qué criterio asignaba los autos Oscar González, presidente provisorio de la Legislatura?
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En el trágico viaje del sábado, ¿estaba dándole al vehículo un uso relacionado con sus funciones?
¿Deberá el Estado provincial responder económicamente por la conducta de González?
¿En qué condiciones tramitó su licencia de conducir el histórico dirigente de Traslasierra?
Dado que el BMW X1 fue secuestrado en 2019 por una fiscalía de Villa Dolores en el marco de una causa por estafa, ¿cuánto sabía sobre este vehículo y sobre sus antecedentes el propio González?
Y teniendo en cuenta que el Poder Legislativo era el depositario del vehículo secuestrado, si ahora apareciera el legítimo propietario de este bien, ¿qué respuesta se le daría?
Son sólo algunas preguntas posibles entre muchas otras, mientras se ruega, o aguarda con ansias, novedades sobre la evolución de las dos menores sobrevivientes del Sandero chocado.
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