A un año de la denuncia por violencia de género, elevaron a juicio la causa contra el exintendente de Villa María, Martín Gill. Así lo resolvió la fiscal a cargo de la investigación, Juliana Companys.
Gill, actual ministro de Cooperativas y Mutuales de la Provincia, está imputado de lesiones leves calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género. Pese a esta situación, desde el Gobierno provincial lo ratificaron en el cargo, considerando que el caso investigado no tendría relación con la función pública.
La denunciante había mantenido una relación de pareja con el exintendente y el 19 de marzo de 2023 lo denunció por agresiones. Días después resolvieron la imputación.
Según declaró la mujer, conoció a Gill en febrero de 2022 e inició una relación después de algunas semanas. En junio, se produjo un “quiebre” en el vínculo cuando le contó que estaba embarazada.
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“Cuando le pasé las fotos de los dos test que me hice él no lo podía creer. Recuerdo un domingo que lloró mucho, la idea del embarazo le hacía mal y me decía que se iba a arruinar su vida”, expresó al dar su versión del caso.
Y continuó: “Un día le pregunté si quería que abortara y me dijo ‘si te parece, sí’. Son palabras que nunca voy a olvidar. Le respondí que quería seguir el embarazo yo sola, que no sería la única mujer en tenerlo así. Pero insistía en que no se podía porque él era conocido”.
Comentó que luego hicieron un viaje a Traslasierra en el que Gill le habría insistido para que abortara. “Me volvió a decir que no podía tener el bebé. Insistió y tomé la pastilla. A la madrugada tuve dolores muy fuertes, como si estuviera pariendo. Cuando fui al baño, largué todo. Era mucha sangre. Le pedí que me llevara a la guardia por la hemorragia. Y me dijo: ‘No, cómo te voy a llevar si abortaste’”.
Luego de los testimonios y las pericias ordenadas en el marco de la investigación, la fiscal Companys resolvió este miércoles elevar la causa a juicio.
El abogado defensor de Gill, Eduardo Rodríguez, anticipó en Telenoche que se opondrán a la resolución de la fiscalía una vez que se cumplan los plazos procesales para hacer la presentación. “Consideramos que la prueba indica que es inocente”, afirmó.
Rodríguez remarcó que la situación por la que imputaron a su cliente “tiene que ver con la vida privada del acusado y no con los cargos que ha ejercido en la función pública”.
Opositor pidió juicio político
El legislador de la Coalición Cívica, Gregorio Hernández Maqueda, anunció la decisión de pedir juicio político contra el ministro Gill “por causal de indignidad y posible comisión de delito doloso en los términos del artículo 112 de la Constitución de la Provincia de Córdoba”.
“Nunca más impunidad”, manifestó el legislador opositor a través de la red social X donde se refirió a la situación judicial del funcionario provincial.
Y agregó: “En 2021 denunciamos dos veces penalmente al señor Martín Gill por violar la Carta Orgánica de Villa María y fuimos a declarar ante la fiscal Companys. Lamentablemente no actuar a tiempo tiempo tiene este tipo de consecuencias”.
Hernández Maqueda hizo alusión a una denuncia por la licencia que se le había otorgado a Gill para que asumiera como secretario de Obras Públicas de la Nación durante la gestión de Alberto Fernández.
Criterios dispares
El de Gill no es el único caso de un funcionario involucrado en una investigación por violencia de género. Hace tres semanas imputaron en la ciudad de Córdoba a Gabriel Bermúdez, quien se desempeñaba como secretario de Movilidad Urbana en la capital.
Cuando la causa tomó estado público el intendente Daniel Passerini resolvió echar al funcionario. Bermúdez está acusado por presunto abuso sexual simple sin acceso carnal.
En otra investigación por violencia de género quedó detenido desde diciembre de 2023 Gustavo Folli Pedetta, exdirector de Defensa Civil de la Municipalidad de Córdoba.
También se recuerda la causa contra Diego Concha, a quien echaron como jefe de Defensa Civil de la Provincia a partir de una gravísima acusación. A la espera del juicio, está detenido e imputado por homicidio con motivo de abuso sexual con acceso carnal agravado por la condición funcional y en un contexto de violencia de género.
A su vez Juan Ledesma, exdirector del COE y exdirector del Hospital de Niños, renunció debido a una imputación por abuso sexual contra su expareja. El año pasado además se conoció la investigación contra Alfonso Mosquera, exministro de Seguridad y exlegislador.
En el caso de Mosquera lo acusan por abuso sexual contra una mujer policía con la que mantuvo una relación extramatrimonial. El imputado pidió licencia antes de finalizar su mandato como legislador y en la actualidad no ocupa cargos públicos.
