La compra de carne para 120 residencias de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) en Córdoba quedó bajo la lupa ante una denuncia presentada por legisladores de la oposición.
Desde el Frente Cívico señalaron sobreprecios de hasta el 270 por ciento en la adquisición y distribución de la mercadería en establecimientos de la capital.
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En un pedido de informes para el Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia, a cargo de Liliana Montero, los opositores marcaron el caso de la pechuga de pollo como uno de los más llamativos con valores de $ 14.700 cuando en el mercado mayorista el kilo se obtiene a $ 4.000.
Otras situaciones las indicaron en la carne molida con una contratación a $ 11.000 cuando el valor minorista ronda los $ 5.800, mientras en el que el osobuco mencionaron una diferencia de $ 11.000 contra $ 4.600.
Qué respondió la Provincia
Desde la cartera de Desarrollo Humano afirmaron que “no se ha realizado ninguna compra, sino que se ha hecho un procedimiento de subasta electrónica”. Patricia Masera, subsecretaria de Asuntos Administrativos, aseguró que “la subasta es el procedimiento más transparente que tiene la Provincia para, en este caso, la compra de carne para los niños niñas y adolescentes”.
“Es un precio que no solo incluye la mercadería sino también la logística y la distribución. La logística tiene 120 viajes, cada residencia le informa al proveedor qué necesita esa semana”, explicó.
La funcionaria manifestó que “el procedimiento de subastas se inició a fines de febrero, donde el contexto inflacionario del país hablaba de un alza de precios estimado del 200% anual, con un acumulado entre enero y febrero en nivel de precios de un 40%, y si vamos al combustible tenía un acumulado del 79%”.
“Por lo tanto los precios tratan de cubrir todos los meses que se tardan en el procedimiento de subasta más lo que se tarda en que se entregue y se pague, porque la Provincia siempre paga contra entrega”, agregó. Y completó: “Estos precios, si el tribunal hoy aprobase el procedimiento de subasta, se terminaría de pagar en agosto”.
Tras defender la transparencia del proceso, subrayó: “Es un procedimiento en el cual conocemos quiénes son los que se presentan y los que ganan una vez finalizado”. “Creemos que los precios estaban acordes al momento donde era difícil conseguir que nos cotizaran”.
