El asesor letrado Eduardo Santiago Caeiro, investigado por presuntas irregularidades en concursos del Poder Judicial de Córdoba, presentó su renuncia para que se haga efectiva desde octubre. La decisión quedó a disposición del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Poder Ejecutivo de la Provincia, que deberán resolver los pasos a seguir.
El caso se remonta a noviembre de 2024, cuando el gremio de empleados judiciales (AGEPJ) denunció supuestas maniobras fraudulentas en un concurso convocado para cubrir cargos de auxiliares colaboradores de la defensa pública. La sospecha era que Caeiro, en su rol de responsable, había filtrado las preguntas de los exámenes a postulantes que eran cercanos a él.
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La denuncia derivó en la apertura de un sumario administrativo dentro del TSJ y en una investigación penal. En abril de este año, el fiscal Enrique Gavier solicitó la imputación de Caeiro por el delito de violación de secretos. El funcionario está acusado junto a cuatro concursantes que habrían resultado beneficiadas: Mariana Lorenzatti, Paz María Sonzini Astudillo, Florencia Zuliani y Ana Martha Ruiz Tamagnini.
Desde AGEPJ remarcaron que la renuncia del funcionario no implica el cierre de la causa. “Todas nuestras acciones fueron en defensa del sistema público de concursos, que debe garantizar igualdad y transparencia en el acceso a los cargos”, indicaron en un comunicado. Además, instaron a la Justicia a avanzar con la investigación penal para determinar responsabilidades.
Rechazo a planteos defensivos
El expediente avanzó con declaraciones testimoniales y planteos defensivos. En agosto, el Juzgado de Control rechazó pedidos de atipicidad de las defensas de Caeiro y de Sonzini Astudillo, al considerar que los planteos eran prematuros y debían resolverse en la etapa crítica del proceso. Con esto, la investigación quedó ratificada en curso.
El caso generó además sospechas sobre posibles irregularidades en otros concursos del Poder Judicial. Según trascendió, a partir de testimonios tomados en la investigación penal surgieron versiones sobre maniobras similares en diferentes procesos de selección, lo que encendió aún más las alarmas en el ámbito judicial.
La situación tuvo un fuerte impacto institucional porque puso bajo la lupa la transparencia de los concursos, una herramienta central en el acceso a cargos dentro del Poder Judicial de Córdoba.
