La Corte Suprema de Justicia autorizó la extradición de Federico Andrés “Fred” Machado a Estados Unidos para ser juzgado en Texas por asociación ilícita, narcotráfico, lavado de dinero y fraude electrónico.
El máximo tribunal ratificó la decisión del Juzgado Federal N° 2 de Neuquén y el empresario argentino vinculado al diputado José Luis Espert enfrentará a la justicia norteamericana luego de que el Gobierno nacional confirmara que autorizará la medida.
La Oficina del Presidente comunicó que “se ha tomado conocimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el que declara procedente la extradición del imputado Federico Andrés Machado a los Estados Unidos, en el marco de la causa donde se investiga la comisión de delitos federales”, reza el comunicado.
Y agrega: “El Presidente de la Nación ha instruido a la Cancillería, a la Secretaría Legal y Técnica y a la Jefatura de Gabinete de Ministros a instrumentar de inmediato los pasos administrativos y diplomáticos necesarios para dar cumplimiento a la decisión judicial y avanzar con el acto ejecutivo previsto por ley”.
Entre los cargos imputados a Machado se encuentran la participación en una organización criminal dedicada a la posesión y distribución de cocaína, complicidad en la importación ilegal de la droga, asociación ilícita para lavado de activos y conspiración para cometer fraude electrónico.
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Mientras tanto, Machado continúa en prisión domiciliaria en Viedma, Río Negro. Su vinculación con Espert, quien recientemente renunció a su candidatura legislativa por La Libertad Avanza, surgió a partir de transferencias millonarias y vuelos en aviones privados que el empresario habría financiado en 2020.
Imputación
En tanto, José Luis Espert fue imputado por lavado de dinero en el marco de la causa iniciada por el dirigente kirchnerista Juan Grabois.
La denuncia surgió por la investigación sobre el origen de los 200.000 dólares que el ahora excandidato de La Libertad Avanza habría cobrado en 2020 de Machado. El proceso contra el diputado oficialista fue promovido por el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez.
