La licitación para la compra de drones destinados a la Policía de Córdoba quedó frenada luego de que la mayoría juecista en el Tribunal de Cuentas de la Provincia rechazara el expediente. El proyecto apuntaba a crear la división Sistema de Vehículos Aéreos No Tripulados (Svant) y había sido anunciado por la fuerza en mayo de 2025.
Frente a la postura de los vocales del Frente Cívico, el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, sostuvo que “fingen control” y que “quieren dejar indefensa a Córdoba”.
El gobernador Martín Llaryora reposteó el mensaje de Quinteros cuestionando a los tribunos que responden a Luis Juez. “Hacer política partidaria con la seguridad es jugar con la vida de los cordobeses”, cuestionó.
“Los libertarios en Córdoba contradicen todo el tiempo al Gobierno nacional en la política de seguridad”, agregó el mandatario, teniendo en cuenta el acercamiento entre Juez y La Libertad Avanza.
Por su parte, el senador Juez contestó a través de la red social X. “No se equivoque, señor gobernador: lo que el Tribunal de Cuentas le ha observado es una licitación hecha como un traje a medida“.
“Nada tiene que ver con la seguridad de los cordobeses; es uno de los tantos hechos de corrupción a los que su administración nos tiene acostumbrados. Si tuviéramos una justicia independiente, usted y su ministro tendrían que estar dando explicaciones”, completó.
Licitación frenada
La iniciativa contemplaba la adquisición de 15 drones, junto con equipamiento tecnológico, software y capacitación para el personal policial. El proceso quedó paralizado desde septiembre y, a fines de diciembre de 2025, los tribunos Beltrán Corvalán y Fernanda Leiva, que conforman la mayoría opositora, votaron en contra de la licitación, según publicó La Voz.
Entre los fundamentos del rechazo, los tribunos juecistas señalaron que el Gobierno provincial llamó a licitación bajo la modalidad de renglón único, que incluía la compra de 29 ítems por un monto cercano a los 7 millones de dólares, lo que —según sostuvieron— limitó la competencia.
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“Es una licitación de la que podrían participar numerosas empresas y en cambio parece un paquete a medida para un proveedor, que además es el único que se presentó”, cuestionó Corvalán. La licitación había tenido un único oferente y estaba preadjudicada desde septiembre a la UTE Vantac SAS–Huinoil SA por 6,8 millones de dólares.
Desde el Ministerio de Seguridad explicaron que la contratación de un servicio integral se debió a la inexperiencia técnica de la Policía en la operación de sistemas Svant y advirtieron que comprar los componentes por separado podía generar incompatibilidades técnicas. El Gobierno considera que el argumento del renglón único es legalmente insuficiente para frenar el proceso y sostiene que existe una obstrucción política hacia el ministro Quinteros, quien integró ese espacio antes de sumarse al gabinete de Martín Llaryora.
Respuesta de Quinteros
Tras la decisión del Tribunal, Quinteros salió al cruce para cuestionar el rechazo. “Fingen ‘control’, quieren dejar indefensa a Córdoba”, expresó el ministro, y agregó: “Cuando los organismos de control dejan de controlar y empiezan a hacer política, el problema ya no es un expediente: es la democracia”.
“No cuestionan el precio. No cuestionan el procedimiento. No cuestionan la idoneidad de las empresas. No cuestionan la legalidad. Cuestionan la decisión de equipar con tecnología del primer mundo a la Policía de Córdoba”, apuntó.
Quinteros también afirmó que la licitación fue frenada “sin un solo argumento jurídico, luego de más de 70 instancias administrativas y con la intervención de todas las áreas técnicas y legales del Estado”, y aseguró que incluso “las áreas técnicas del Tribunal de Cuentas aconsejaron aprobar esta inversión en seguridad”.
“El palo en la rueda lo puso lo peor de la política: la que quiere asociarse a la delincuencia y tomar a los cordobeses de rehenes", continuó.
En el tramo final, el ministro sostuvo que el dictamen contiene “opiniones personales, valoraciones ideológicas y juicios sobre la conveniencia” y concluyó: “Eso no es control de legalidad. Eso es militancia disfrazada de dictamen jurídico”. Además, afirmó que “los juecistas vuelven a su primer amor: el kirchnerismo” y advirtió que la decisión “vulnera el principio básico de la división de poderes”.
Mientras tanto, el expediente permanece objetado y la creación de la división drones de la Policía de Córdoba quedó, por ahora, en suspenso.
