Este viernes por la tarde, el Senado convirtió en ley la reforma del régimen penal juvenil y estableció la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años como eje central de la iniciativa impulsada por el Gobierno. El Congreso aprobó la medida esta tarde con 44 votos a favor, 27 votos en contra y una abstención, que corresponde a la senadora cordobesa Alejandra Vigo.
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El proyecto ya había recibido media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación el pasado 12 de febrero, con 149 votos afirmativos y 100 negativos. Con la aprobación definitiva en la Cámara Alta, el nuevo marco legal comenzará a regir en todo el país.
Un nuevo régimen penal juvenil
Más allá de la reducción de la edad de imputabilidad, la norma crea un régimen penal específico para menores de edad que contempla una batería de medidas procesales y sanciones alternativas.
Entre las herramientas que tendrán los jueces se encuentran:
- Amonestaciones.
- Prohibición de salir del país.
- Prestación de servicios comunitarios.
- Programas educativos o de capacitación laboral.
- Monitoreo electrónico.
Estas medidas podrán aplicarse en delitos con penas de hasta tres años de prisión. El mismo esquema regirá para hechos con penas de hasta diez años que no hayan provocado la muerte o lesiones graves a la víctima.
Escala de penas establece en su texto:
- Hasta 3 años de prisión para delitos menores.
- Hasta 15 años para delitos graves como homicidios, abusos o secuestros.
- Una extensión excepcional de hasta 20 años en casos puntuales.
También se habilita, según cada caso y con consentimiento de la víctima, instancias de mediación o reparación económica por parte del menor que haya cometido el delito.
Por otro lado, se establece que en las penas privativas de la libertad os menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión.
Tras la aprobación del régimen penal juvenil, el temario de la sesión continuará con el tratamiento la reforma laboral, que se discutirá en segunda revisión por el Senado.
El Gobierno celebró la aprobación
Minutos después, desde la Oficina del Presidente lanzaron un comunicado celebrando la medida. “La Argentina cierra un capítulo de cuatro décadas de inacción legislativa y actualiza un marco normativo que permanecía desconocido de la realidad criminal del siglo XXI”, escribieron.