En la madrugada de este jueves, la Cámara de Diputados dio luz verde a una transformación normativa que modifica la ley vigente sobre glaciares. El proyecto, promovido por La Libertad Avanza, introduce cambios de fondo en la delimitación de áreas protegidas y en la administración de los recursos naturales.
El Gobierno logró el número para sancionar la norma gracias al quórum d el PRO, la UCR, Innovación Federal, Independencia, Elijo Catamarca, Adelante Buenos Aires, Por Santa Cruz y parte del bloque Unidos.
Tras casi 10 horas de debate, el proyecto se aprobó por 137 votos a favor-entre libertarios, aliados, provinciales y hasta algunos diputados peronistas- y 111 en contra. Hubo tres abstenciones: del MID y la neuquina Karina Maureira.
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El texto sancionado establece una actualización de la ley 26.639, vigente desde 2010, con un nuevo enfoque sobre qué territorios deben ser resguardados. A partir de ahora, se acota la protección a aquellos cuerpos de hielo y entornos asociados que tengan una incidencia comprobable en la provisión de agua.
Uno de los puntos centrales es el traspaso de mayores atribuciones a las provincias. Los gobiernos locales podrán definir si determinadas zonas con potencial extractivo cumplen o no un rol relevante en el sistema hídrico, lo que abre la puerta a decisiones más flexibles según cada jurisdicción.
La normativa incorpora además el principio precautorio, aunque redefine conceptos clave: ya no se considera de manera amplia a todos los ambientes periglaciares como reservas estratégicas, sino solo a aquellos que actúan efectivamente como reguladores de cuencas.
Con este cambio, se habilita el desarrollo de actividades mineras y de hidrocarburos en sectores previamente restringidos, siempre que no intervengan en la recarga de recursos hídricos. Sin embargo, continúan vedadas estas prácticas en áreas donde sí se identifique una función ambiental crítica.
Por otra parte, se mantienen exigencias como la Evaluación de Impacto Ambiental para proyectos en estas zonas. También se actualiza el Inventario Nacional de Glaciares, que deberá renovarse cada cinco años con información aportada por las provincias, lo que refuerza el rol local en la gestión de estos ecosistemas.
