El Gobierno nacional oficializó un cambio clave en la gestión de rutas al delegar en Córdoba y otras provincias la facultad de otorgar concesiones de obra pública por peaje en tramos de rutas nacionales.
La medida fue publicada en el decreto 253/2026 y alcanza también a Corrientes, Santa Fe, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz. El objetivo es descentralizar la administración para agilizar obras y mejorar el mantenimiento de la infraestructura vial.
A partir de ahora, Córdoba podrá intervenir directamente en la licitación y concesión de rutas dentro de su territorio. Esto incluye la posibilidad de aprobar pliegos, convocar empresas, adjudicar contratos y ejecutar obras vinculadas al sistema de peajes.
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Sin embargo, la titularidad de las rutas seguirá siendo del Estado nacional. La delegación es temporal, limitada y revocable, por lo que la Nación mantiene el control general y podrá retomar la gestión si lo considera necesario.
Para avanzar con este esquema, la Provincia deberá firmar convenios específicos con la Dirección Nacional de Vialidad. En esos acuerdos se definirán los tramos a intervenir, los plazos, los controles y las condiciones de ejecución.
Uno de los puntos centrales es que los fondos recaudados por peajes deberán destinarse exclusivamente a la obra y mantenimiento del tramo concesionado, sin posibilidad de utilizarse en otras rutas.
Además, el sistema establece plazos concretos: una vez aprobado el convenio, la provincia tendrá hasta un año para iniciar el proceso de licitación y, tras la adjudicación, deberá otorgar la concesión en un máximo de 90 días hábiles.
El nuevo modelo también prevé controles estrictos. La supervisión de los contratos quedará en manos de la Dirección Nacional de Vialidad, que evaluará la viabilidad técnica y económica de cada proyecto.
La iniciativa forma parte de un esquema de reorganización que busca fortalecer el rol de las provincias en la gestión de obras públicas, con la promesa de mayor eficiencia y cercanía en la toma de decisiones, sin perder el control federal sobre las rutas nacionales.
